Una imagen captada por un dron el pasado 28 de abril reveló una escena alarmante: una treintena de migrantes venezolanos detenidos en el Centro de Detención Bluebonnet, en Anson, Texas, formaron con sus cuerpos las letras “SOS” en el patio del recinto para pedir ayuda urgente. Temen ser deportados a El Salvador y encarcelados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una prisión de máxima seguridad.

Los migrantes denunciaron haber recibido notificaciones oficiales que los acusan de pertenecer al grupo criminal Tren de Aragua. Las autoridades estadounidenses están aplicando en su contra la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una norma excepcional de tiempos de guerra, para justificar su deportación sin pasar por el proceso migratorio tradicional.

Aunque varios de los detenidos, como Diover Millán y Jeferson Escalona, aseguran no tener vínculos con bandas delictivas, fueron trasladados el 18 de abril a un aeropuerto para su expulsión, pero la Corte Suprema bloqueó temporalmente el procedimiento esa misma noche. Los migrantes fueron devueltos al centro de detención sin explicaciones.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostiene que algunos de los detenidos admitieron pertenecer al Tren de Aragua, aunque no ha presentado pruebas. Escalona, por su parte, afirmó desde el centro que fue policía en Venezuela y que teme por su vida: “Quiero ir a Venezuela, pero me lo negaron”, declaró.

El Centro de Detención Bluebonnet aloja a un promedio de 846 personas diariamente, y los familiares de los migrantes temen que el gobierno de Trump reanude las deportaciones masivas hacia El Salvador. La Corte Suprema aún debe revisar el caso de fondo, mientras la comunidad internacional observa con preocupación esta posible violación a los derechos humanos.