El caso de Doña Carlota evidencia la tensión entre propiedad privada, justicia ciudadana y un sistema legal ineficaz; una película mexicana abordó el tema en 2020.
La realidad en México, una vez más, ha superado a la ficción. El reciente caso de Doña Carlota, una mujer de 74 años que mató a dos hombres presuntamente invasores de su propiedad en el municipio de Chalco, Estado de México, ha puesto sobre la mesa una problemática creciente y compleja: la ocupación ilegal de viviendas. El hecho, ocurrido a finales de marzo, guarda una sorprendente similitud con la trama de Mano de obra, una película mexicana dirigida por David Zonana que se estrenó en 2020 y que anticipó las tensiones sociales, legales y morales que desencadenan las llamadas «invasiones» en zonas urbanas.
El caso que conmocionó a Chalco
Según el reporte oficial de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, Doña Carlota llegó armada a un domicilio ubicado en la Unidad Habitacional Ex Hacienda Guadalupe junto con dos acompañantes. Su objetivo, afirmó, era recuperar una vivienda que le pertenecía y que, de acuerdo con su testimonio, había sido tomada ilegalmente por personas ajenas.
La situación escaló rápidamente. Tras un intercambio verbal, la mujer accionó un arma de fuego en al menos tres ocasiones, causando la muerte de dos hombres en el lugar. La adulta mayor fue detenida horas después. Aunque sus abogados alegan legítima defensa y defensa de propiedad, el Ministerio Público la vinculó a proceso por el delito de homicidio calificado.
Ocupación ilegal de viviendas se ha convertido en un tema sensible que pone en jaque al sistema legal mexicano, evidenciando la tensión entre derechos de propiedad y justicia por mano propia.
La película que lo predijo todo
Mano de obra (2019), dirigida por David Zonana y producida por Michel Franco, es un retrato íntimo y contundente sobre las desigualdades sociales y la tensión de clases en la Ciudad de México. La historia sigue a Francisco, un albañil interpretado por Luis Alberti, cuyo hermano muere en una obra sin que su viuda reciba compensación alguna. Francisco y sus compañeros, agotados por la injusticia, toman una decisión radical: ocupan la casa que ellos mismos construían para el patrón, convirtiéndola en un símbolo de resistencia y disputa moral.
La película, elogiada en festivales internacionales como Toronto y San Sebastián, ha sido calificada por críticos como un “ensayo sobre el poder, la ambición y el desgaste moral en contextos de pobreza estructural”. Para muchos, el final abrupto y desconcertante del filme muestra cómo la violencia y el resentimiento terminan reproduciendo los mismos abusos que se intentaban combatir.
Desigualdad social y crítica moral convergen en una narrativa cinematográfica que refleja fielmente la realidad urbana del país.
La ley y los vacíos legales
En México, la ocupación ilegal de viviendas, muchas veces impulsada por redes criminales, representa un desafío para las autoridades y para los propietarios legítimos. El artículo 395 del Código Penal Federal establece que la ocupación sin derecho de una vivienda ajena puede sancionarse con penas de hasta cinco años de prisión. Sin embargo, en la práctica, los procesos judiciales son largos, costosos y, en muchos casos, ineficaces.
Existen además organizaciones que bajo la fachada de movimientos sociales se dedican a ocupar inmuebles deshabitados —especialmente en zonas céntricas de alto valor— y luego los revenden o alquilan. Para las víctimas, recuperar sus propiedades puede tomar años, y en ocasiones, ni siquiera logran hacerlo.
Fraude inmobiliario y extorsión son prácticas comunes en este escenario, afectando gravemente a adultos mayores y propietarios ausentes.
Reacciones divididas
En redes sociales, el caso ha generado un fuerte debate. Algunos usuarios defienden a la mujer bajo el argumento de que “solo protegía lo suyo”, mientras que otros critican la exaltación de la violencia como forma de justicia. Además, se suma el dato de que las personas que habitaban la casa, tenían contrato. La discusión recuerda los comentarios que recibió la película de Zonana en su estreno: mientras unos la alabaron por su crudeza y realismo, otros la tacharon de “pornomiseria” o de incitar a la ilegalidad.
¿Profecía fílmica o síntoma social? Cinco años después de su estreno, Mano de obra adquiere una relevancia renovada. El caso de Doña Carlota demuestra que los dilemas abordados por el cine mexicano no son simples metáforas: son hechos tangibles que atraviesan a la sociedad. El cine no predice el futuro, pero lo interpreta con sensibilidad. Y en este caso, lo hizo con una exactitud escalofriante.
Justicia y venganza se entrelazan en la narrativa pública y cinematográfica, reflejando la complejidad del contexto social mexicano.
Contexto estadístico y legal del fenómeno
El caso de Doña Carlota reaviva una problemática creciente en México: la ocupación ilegal de viviendas, fenómeno que ha aumentado de forma sostenida en los últimos años, especialmente en zonas urbanas con alta marginación o en crecimiento inmobiliario acelerado. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el Censo de Población y Vivienda 2020 se contabilizaron más de 5 millones de viviendas deshabitadas en el país, una parte significativa de las cuales ha sido blanco de ocupaciones irregulares.
El Estado de México, donde se ubica el municipio de Chalco, es uno de los focos más críticos. Según cifras del propio Gobierno del Estado de México, se registraron más de 2,500 denuncias por despojo y ocupación ilegal entre 2020 y 2023, aunque activistas y abogados estiman que los casos reales son mucho mayores debido a la baja tasa de denuncia.
Viviendas deshabitadas representan una oportunidad para mafias de despojo, ante un marco legal ineficiente y reactivo.
Interpretación judicial y el cine como espejo
Cabe destacar que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha alertado sobre el uso de estos casos por grupos de interés o redes delictivas, que aprovechan los vacíos legales para operar bajo esquemas de extorsión o fraude inmobiliario, afectando principalmente a adultos mayores o propietarios ausentes.
Desde el ámbito legal, la legítima defensa —como se alega en el caso de Doña Carlota— se rige en el Estado de México por el artículo 17 del Código Penal Estatal, el cual contempla la exención de responsabilidad penal si el uso de la fuerza ocurre de forma proporcional e inmediata ante una agresión ilegítima. No obstante, la interpretación judicial es restrictiva y suele requerir pruebas contundentes de inminencia del peligro, lo cual complica su aplicación en escenarios como este.
En cuanto al cine, Mano de obra no solo anticipa estos dilemas sociales, sino que se inscribe en una corriente más amplia del cine mexicano contemporáneo que explora la precariedad laboral, la violencia estructural y la lucha por la dignidad en contextos urbanos. Películas como Después de Lucía (Michel Franco, 2012), La zona (Rodrigo Plá, 2007) o Nuevo orden (Michel Franco, 2020) abordan temas similares, señalando cómo la delgada línea entre la justicia y la venganza puede difuminarse en entornos marcados por la impunidad y la desigualdad.
Cine mexicano contemporáneo se posiciona como una herramienta crítica para entender la violencia y desigualdad en las ciudades.
¿Tú qué harías si ocuparan tu casa y el sistema no respondiera?
¿Hasta qué punto es válida la justicia por mano propia? Opina en los comentarios.
Después de leer esto, mira Mano de obra y dinos si realmente predijo lo que pasó.
Tomado de Excelsior
