La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) manifestó una firme condena tras las declaraciones del senador Gerardo Fernández Noroña, quien reconoció públicamente que entre los perfiles propuestos para ser electos como jueces se encuentran personas presuntamente ligadas al crimen organizado.
La JUFED consideró estas afirmaciones como una confirmación de las advertencias que desde hace meses ha venido expresando: la reforma judicial promovida por el gobierno federal representa una amenaza directa para la independencia del Poder Judicial, así como para los derechos humanos y el Estado de Derecho en México.
Según la asociación, el modelo de elección popular de jueces y magistrados, lejos de democratizar el sistema, facilitaría la cooptación del aparato judicial por intereses políticos, económicos e incluso criminales, lo que pondría en riesgo su imparcialidad y autonomía.
Lo que hemos señalado desde el inicio hoy se reconoce desde el propio Senado: esta reforma no busca fortalecer la justicia, sino someterla a intereses ajenos a la legalidad”, señaló JUFED en un comunicado.
El organismo recordó que su postura ha sido respaldada por voces internacionales.
Margaret Satterthwaite, relatora especial de la ONU sobre la independencia de jueces y abogados, señaló que “la independencia judicial no puede estar sujeta a procesos electorales manipulados políticamente”.
En la misma línea, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió que “una elección judicial sin criterios claros de imparcialidad y mérito representa una regresión democrática”.
También el entonces embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, expresó su preocupación, alertando que la elección de jueces por voto directo abriría las puertas a una mayor infiltración del crimen organizado en el sistema judicial mexicano.
La JUFED ha llevado su denuncia a foros internacionales como el Parlamento Europeo, Naciones Unidas en Ginebra, la Organización Internacional del Trabajo y diversas organizaciones académicas y civiles en Estados Unidos, alertando sobre el impacto negativo que esta reforma podría tener en la democracia mexicana. “México atraviesa un momento decisivo”, enfatizó el organismo.
El Estado de Derecho se encuentra bajo amenaza. No estamos frente a un ejercicio democrático, sino ante el riesgo real de entregar la justicia a quienes buscan manipularla para sus propios fines”, señaló.
Finalmente, la JUFED hizo un llamado urgente a la comunidad internacional y a defensores de derechos humanos para que mantengan la atención sobre esta reforma y sus implicaciones.
Aún hay tiempo para evitar que la justicia en México sea capturada por intereses contrarios a la legalidad”, concluyó.
