¿Por qué García Luna y su esposa deben pagar 2 mil 500 mdd?
Durante los sexenios de Felipe Calderón y Peña Nieto, Genaro García Luna y su esposa Linda Cristina Pereira operaron una vasta red de corrupción por la que fueron sentenciados en Estados Unidos a pagar más de 2,500 millones de dólares al gobierno de México, reveló Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Señaló que se denunció particularmente a Genaro García Luna por 250 millones de dólares y a Linda Pereira por 748.8 millones de dólares y la juez de Florida determinó de imponer una pena x3 a los acusados
En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, Gómez detalló que una corte civil en Florida resolvió que García Luna y Pereira deben responder individualmente por el desfalco millonario, tras probarse su implicación en una compleja trama de contratos irregulares con dependencias federales. “Se trata de una sentencia contra cada persona en lo individual y sus respectivas empresas”, subrayó.
Entre 2009 y 2018, la Policía Federal, el CISEN y el OADPRS otorgaron 30 contratos a compañías ligadas al grupo empresarial encabezado por Mauricio Samuel Weinberg y Jonathan Alexis Weinberg, por un total de 625 millones de dólares y más de 93 millones de pesos. Las empresas beneficiadas incluyen NUNVAV Inc, NUNVAV Technologies y Nice Systems Ltd.
“El gobierno de México presentó una demanda civil en Florida porque ahí residían los implicados y tenían propiedades. La juez resolvió que los bienes detectados debían ser entregados al gobierno federal, lo cual ya ocurrió en parte”, explicó el titular de la UIF. Al momento, se han recuperado alrededor de 12.5 millones de dólares en bienes.
Gómez indicó que la sentencia se compone de 748.8 millones de dólares contra García Luna —equivalente a tres veces los 250 millones inicialmente demandados— y 1,740 millones de dólares contra Pereira, derivados de una demanda por 580 millones. Estos montos se calculan conforme al daño causado al erario y las prácticas ilícitas comprobadas.
El funcionario enfatizó que este juicio no forma parte de un proceso penal estadounidense ni involucra a la DEA o al Departamento de Justicia, sino que es resultado de acciones legales emprendidas por el Estado mexicano en tribunales civiles.
“Este caso permite conocer la forma en que se operaban esquemas de saqueo del dinero público. Es una historia de corrupción profunda que no debe quedar en el olvido”, sostuvo.
El proceso continúa tanto en Estados Unidos como en México, donde la Fiscalía General de la República mantiene abiertas investigaciones y órdenes de aprehensión relacionadas con el caso.
