Para entender el sismo político que sacude a México, hay que levantar la mirada al tablero geopolítico global. El mundo ya terminó de dividirse, el pacto silencioso entre las potencias es nítido, Rusia consolida su zona de influencia en Ucrania, China hace lo propio en Taiwán y Estados Unidos ha reclamado este hemisferio como su patio exclusivo.
Por eso, cuando Washington avanzó sobre Venezuela, el silencio en Moscú y Pekín no fue casual, fue cálculo. En este nuevo orden, Estados Unidos, junto a aliados estratégicos como Javier Milei en Argentina y Nayib Bukele en El Salvador, ha iniciado una limpia quirúrgica del socialismo y sus ramificaciones en la región. El mensaje de Marco Rubio ha sido lapidario ante la prensa estadounidense, este es nuestro hemisferio y no permitiremos que adversarios externos vengan a desestabilizarlo.
La embestida contra el gobierno mexicano y Morena no es casualidad, es una factura acumulada con intereses. Trump y su círculo cercano no olvidan la interferencia en las elecciones de 2024, donde reportes de analistas señalan el desvío de casi 200 millones de dólares a través de consulados para movilizar el voto demócrata y alimentar narrativas contra los republicanos. A esto se sumó el viaje de Claudia Sheinbaum a Barcelona hace unas semanas para reunirse con la cúpula progresista española, un gesto que en Washington se leyó como la toma definitiva de partido.
Pero el punto de quiebre fue la muerte de dos agentes estadounidenses en la sierra de Chihuahua. EU no aceptó el hielo diplomático de la mañanera, califican el hecho como sospechoso y reprochan la falta de una postura clara, así como la narrativa oficial de desconocimiento sobre operaciones de inteligencia en suelo mexicano.
Ese es el timing que detonó las órdenes de aprehensión y solicitudes de extradición contra el gobernador Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios de Sinaloa, incluyendo al senador Enrique Inzunza. Aunque Rocha Moya intentó amarrarse a la bandera guinda al afirmar que si caía él caía todo el movimiento, la realidad es que Washington ya tiene los pelos de la burra en la mano tras un año de integrar expedientes por conspiración.
A esto se suma un elemento clave, los delitos por los que se les señala no se limitan a territorio mexicano, son conductas que, según las investigaciones, tuvieron impacto o ejecución en EU, lo que coloca el caso directamente en su jurisdicción y reduce cualquier margen de maniobra para el gobierno mexicano.
Tampoco cayó bien en Washington que desde México se descalificaran las acusaciones tachándolas de mentira o de persecución política. Sumado a los roces previos, informes de ambos países apuntan a una relación prácticamente quebrada. Los gringos ya tomaron nota de que no habrá cooperación en los términos habituales y analizan distintas rutas, incluso se especula sobre escenarios más agresivos para asegurar la comparecencia de los señalados, o sea, operativos en suelo nacional para llevarse a los requeridos por la justicia norteamericana.
En este contexto, fuentes aseguran que Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador sostuvieron reuniones para definir una estrategia, intentar retener a Rocha Moya en México bajo un esquema similar al del general Salvador Cienfuegos, es decir, solicitar su traslado o evitar su entrega para investigarlo localmente. Sin embargo, ese precedente pesa, Cienfuegos regresó a México y no enfrentó consecuencias penales, algo que hoy Estados Unidos no está dispuesto a repetir.
Rocha es visto como una pieza clave en la estructura, un punto de conexión entre financiamiento político y operación territorial en el Pacífico, por lo que su eventual entrega representaría la caída del primer gran dominó.
Los días oscuros para la 4T apenas comienzan. El analista Simón Levy asegura que ya existen cinco cargos federales listos contra AMLO, incluyendo conspiración contra Estados Unidos, expedientes que se resguardan para el momento político exacto.
Mientras tanto, en el reciente Congreso Nacional de Morena, donde Ariadna Montiel tomó protesta como nueva dirigente tras la polémica salida de Luisa María Alcalde, el mensaje fue de depuración, nadie con expedientes comprometidos podrá ser candidato en las 17 gubernaturas de 2027. Lo que no se dijo es que la lista de figuras bajo la lupa podría superar los 300 nombres, incluyendo perfiles como Ricardo Monreal, Mario Delgado y los propios hijos de López Obrador.
Con el vicealmirante Farías negociando en Argentina su posible estatus de testigo protegido para destapar el huachicol fiscal, el plan de Washington parece apuntar a algo mayor, la deslegitimación del régimen para eventualmente catalogarlo como una organización terrorista, una narrativa que ya ha sido utilizada en otros escenarios internacionales.
La presión no es menor, el trasfondo es económico, político y geoestratégico, todo en la antesala de la revisión del T-MEC.
Lo que viene no es menor.
Y apenas comienza.
