La resolución fue emitida por los magistrados de la Sala Auxiliar en Materia de Responsabilidades Administrativas Graves, quienes concluyeron que los exservidores públicos avalaron operaciones irregulares que ocasionaron un daño patrimonial.
De acuerdo con el expediente, se acreditó que aprobaron contratos para la presunta adquisición de granos “sin que exista registro de la entrega de los cargamentos”.
El caso forma parte de las investigaciones por el millonario desfalco en Segalmex, donde Gavira Segreste enfrenta además procesos penales vinculados con contratos irregulares que, según estimaciones de la Auditoría Superior de la Federación, provocaron un daño patrimonial superior a 12 mil 500 millones de pesos entre 2018 y 2020.
Con información de La Jornada.
