La violencia contra periodistas volvió a colocar a México bajo los reflectores internacionales. Este miércoles, Reporteros Sin Fronteras (RSF) y más de 40 medios de comunicación mexicanos difundieron de manera conjunta un mensaje de protesta para exigir acciones concretas frente a los asesinatos de comunicadores.
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El reclamo parte de una pregunta que resume la preocupación del gremio: “¿Cuántos de nosotros tendremos que morir todavía para que el Estado mexicano actúe?”
La iniciativa incluyó la publicación simultánea de un mensaje de alerta y una lista con los nombres de periodistas asesinados durante la actual administración federal, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
De acuerdo con el registro presentado por RSF, 17 periodistas han sido asesinados desde el inicio de la actual administración, mientras que los casos registrados durante los primeros siete meses de 2026 representan un promedio cercano a un comunicador asesinado cada mes.
La violencia también silencia comunidades
Para RSF, el problema va mucho más allá de las cifras de homicidios.
La organización advierte que cuando un periodista es asesinado, también se afecta el derecho de la sociedad a estar informada, especialmente en regiones donde los medios locales constituyen una de las principales fuentes de información sobre seguridad, política y acontecimientos de interés público.
Artur Romeu, director de la oficina de RSF para América Latina, sostuvo que México no debe acostumbrarse a contabilizar periodistas asesinados como si se tratara de una estadística más.
La organización señala que las amenazas y agresiones producen además un efecto de miedo y autocensura, particularmente entre comunicadores que trabajan en comunidades pequeñas y zonas donde la presencia del crimen organizado representa un riesgo constante.
Uno de los principales reclamos es que los homicidios no sean atendidos únicamente como casos aislados.
RSF pidió una respuesta coordinada entre autoridades federales, estatales y municipales, así como entre las fiscalías y el Poder Judicial.
La organización considera que la investigación de estos crímenes debe llegar no solamente hasta quienes ejecutan materialmente los ataques, sino también hasta quienes ordenan, financian o planifican las agresiones.
La exigencia cobra relevancia debido a la impunidad que, según RSF, permanece como uno de los principales obstáculos para detener la violencia contra la prensa.
Ante la continuidad de los asesinatos, Reporteros Sin Fronteras planteó al Gobierno mexicano la creación de un plan nacional de emergencia para proteger a periodistas.
La propuesta contempla fortalecer los mecanismos de prevención y protección, mejorar las investigaciones y establecer herramientas que permitan evaluar las fallas de las instituciones encargadas de atender las agresiones.
El objetivo, de acuerdo con la organización, es identificar por qué las medidas existentes no han logrado evitar nuevos ataques y establecer acciones que permitan impedir que los casos se repitan.
La preocupación adquiere una dimensión especial en los medios locales, donde periodistas y reporteros suelen cubrir directamente hechos relacionados con seguridad, corrupción, política y conflictos comunitarios.
RSF advierte que cuando un comunicador es asesinado o amenazado, el impacto puede extenderse a toda una comunidad, ya que el miedo puede provocar que determinados temas dejen de ser investigados o publicados.
De esta manera, la violencia contra la prensa no solamente representa un ataque contra quienes ejercen el periodismo, sino también contra el derecho de los ciudadanos a conocer lo que ocurre a su alrededor.
“¿Cuántos tendremos que morir?”
La pregunta lanzada por RSF y los medios participantes busca llamar la atención sobre una problemática que, pese a los años, continúa presente en México.
Los periodistas asesinados dejan familias, compañeros y comunidades que exigen respuestas. Pero también dejan investigaciones inconclusas, historias que quedaron sin contar y una pregunta que permanece sobre la mesa:
¿Cuántos periodistas más tendrán que morir antes de que la protección, la investigación y la justicia sean una realidad efectiva para quienes ejercen esta profesión?
Para las organizaciones y medios que participaron en el pronunciamiento, la respuesta del Estado no puede limitarse a reaccionar después de cada asesinato; debe comenzar por prevenir las agresiones, proteger a los comunicadores y llevar ante la justicia a todos los responsables.
