Rosales, Chih.- La disputa por la posible instalación de nuevas tomas de agua potable en una zona contigua al Kilómetro 99 mantiene divididos a habitantes de esta comunidad, quienes durante la tarde de este sábado expusieron posturas encontradas sobre un conflicto que ya se encuentra judicializado y a la espera de una resolución definitiva.
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Mujer reportada inicialmente sin vida es trasladada con signos vitales tras segunda valoración en accidente de RosetillaEl desacuerdo gira en torno a la entrega de contratos para proporcionar el servicio de agua potable a terrenos ubicados en un sector cercano a la comunidad. Mientras un grupo de vecinos considera que permitir nuevas conexiones podría agravar el problema de abastecimiento que actualmente enfrentan algunas familias, otro sector sostiene que los acuerdos formalmente celebrados deben ser respetados y que quienes habitan en la zona también tienen derecho a recibir el servicio.
La controversia tendrá un nuevo capítulo el próximo 2 de septiembre, fecha en la que está programada una audiencia para que el juez correspondiente continúe con el análisis del caso.
Vecinos advierten sobre posible afectación al suministro
Entre quienes se oponen a la ampliación del servicio se encuentra Elizabeth Sandoval, quien manifestó su preocupación por el proyecto y señaló que los terrenos que serían beneficiados pertenecen al municipio de Delicias.
La habitante argumentó que, mientras se pretende llevar el servicio hacia esa zona, las familias que viven actualmente en el Kilómetro 99 de Rosales enfrentan periodos de desabasto y problemas de presión.
En la misma postura, el vecino José Preciado explicó que una de las principales dificultades se presenta diariamente durante las tardes.
Según su testimonio, alrededor de las 2:00 de la tarde la presión del agua disminuye considerablemente en las partes altas de la comunidad, situación que dificulta el suministro para las familias que viven en esos sectores.
Preciado expresó su preocupación de que la incorporación de nuevas tomas pueda incrementar la demanda y empeorar las condiciones actuales.
El vecino señaló que el problema no necesariamente estaría relacionado con el número de conexiones que se autoricen inicialmente, sino con el crecimiento que pudiera registrarse en los terrenos durante los próximos años.
Advirtió que, si el área llega a ser lotificada de manera masiva para la construcción de viviendas o granjas, podría generarse una demanda mucho mayor de agua y afectar a las aproximadamente 30 o 40 familias que actualmente habitan en la comunidad.
Otro grupo defiende la validez de los contratos
En contraparte, Celia Sandoval defendió la postura de quienes consideran que los acuerdos celebrados para proporcionar el servicio deben ser respetados.
La habitante sostuvo que existe documentación firmada por la titular de la Junta Municipal de Agua de Rosales y consideró que un contrato formal no debería dejarse sin efecto simplemente bajo el argumento de que hubo un error institucional.
También señaló que dentro de la zona en disputa ya existen viviendas habitadas que cuentan con tomas de agua previamente instaladas.
Desde esta perspectiva, consideró que sería injusto negar el servicio a las personas que actualmente viven o lleguen a establecerse en el sector, particularmente cuando existen antecedentes de conexiones y acuerdos relacionados con el suministro.
No obstante, Celia Sandoval manifestó que respetarán la determinación que emita la autoridad judicial una vez que concluya el procedimiento.
Junta de Agua reconoce inconsistencias en el proceso
El origen de la controversia se encuentra relacionado con contratos de servicio que fueron firmados por la directora ejecutiva de la Junta Municipal de Agua de Rosales, Irene Quintana.
La funcionaria reconoció que la aprobación de dichos trámites estuvo relacionada con una serie de inconsistencias y planteó que pudo haberse presentado un abuso de confianza, debido a que posteriormente los terrenos fueron vendidos con la intención de desarrollar un proceso de fraccionamiento.
La situación derivó en el conflicto actual y posteriormente llegó a los tribunales, donde deberá determinarse la validez y alcance de los acuerdos celebrados.
Mientras el procedimiento continúa, los habitantes permanecen atentos a la determinación judicial, debido a que cualquiera de las dos resoluciones podría modificar las condiciones del suministro en la zona.
Esperan audiencia del 2 de septiembre
La audiencia programada para el próximo 2 de septiembre será clave para conocer el rumbo que tomará la disputa.
Mientras un grupo de habitantes sostiene que la prioridad debe ser garantizar el abasto de las familias que ya viven en el Kilómetro 99, quienes están a favor de las nuevas conexiones consideran que también debe garantizarse el derecho al servicio de los habitantes de la zona contigua.
El conflicto refleja además la preocupación que existe entre los vecinos ante el posible crecimiento urbano y productivo de terrenos cercanos a la comunidad.
Los inconformes adelantaron que, si el fallo judicial resulta favorable para la extensión de la red hacia el sector en disputa, podrían organizar movilizaciones y manifestaciones para defender el suministro de agua potable de las familias del Kilómetro 99.
Por ahora, ambas partes deberán esperar la determinación de la autoridad judicial, mientras continúa el debate sobre el uso y distribución del recurso hídrico.
La resolución permitirá establecer si los contratos celebrados mantienen su validez y si las nuevas tomas podrán ser conectadas a la red, un asunto que mantiene dividida a la comunidad y que podría tener repercusiones en el suministro de agua de la zona.
