La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mantener vigente la reforma electoral conocida públicamente como “Ley Anti-narcocandidatos”, un conjunto de disposiciones que contempla la posibilidad de anular una elección cuando se acredite la intervención del crimen organizado y establece restricciones para candidaturas vinculadas con actividades delictivas.
El pronunciamiento ocurre en vísperas de la fecha señalada por la mandataria para que el máximo tribunal constitucional del país analice la impugnación promovida contra la reforma.
El tema ha generado un nuevo enfrentamiento político entre las principales fuerzas representadas en el Congreso de Chihuahua. Mientras el PAN defiende la reforma como un mecanismo para impedir la intervención de grupos criminales en los procesos electorales, Morena sostiene que su acción de inconstitucionalidad cuestiona distintos aspectos del decreto y niega que su intención sea eliminar las medidas de protección electoral.
Maru Campos pide a la Corte mantener el blindaje electoral
En un mensaje difundido antes de la discusión del asunto, Campos Galván recordó que Chihuahua incorporó a su legislación disposiciones para que una elección pueda ser anulada cuando se acredite la intervención del crimen organizado.
La gobernadora sostuvo que la reforma respondió, desde su perspectiva, a un problema que ha afectado distintos procesos electorales del país y afirmó que el objetivo fue evitar que grupos delictivos tengan capacidad para influir en el registro de candidaturas, en las campañas o en el resultado de una elección.
“Hace unos meses, aquí en el estado, en Chihuahua, tomamos una decisión que ningún otro estado del país había tomado”, expresó la mandataria al defender la reforma.
Campos añadió que la modificación legal también contempla impedir la participación de personas vinculadas con la delincuencia organizada, además de establecer consecuencias para los procesos electorales en los que se compruebe una intervención criminal.
La gobernadora pidió que la Suprema Corte preserve estas disposiciones y presentó la decisión que deberá tomar el tribunal como un asunto relacionado directamente con la protección del voto y la integridad de las elecciones.
Morena impugnó la reforma ante la Suprema Corte
La reforma llegó al terreno judicial después de que legisladores de Morena promovieran una acción de inconstitucionalidad contra el decreto aprobado en Chihuahua.
La controversia, sin embargo, tiene dos lecturas políticas distintas.
Desde Acción Nacional se ha acusado a Morena de intentar frenar el denominado “blindaje electoral”. En agosto, dirigentes panistas señalaron que los legisladores morenistas recurrieron a la Suprema Corte para impugnar las disposiciones que permiten anular elecciones cuando se acredite la intervención del crimen organizado o la participación de candidatos vinculados con grupos delictivos.
Morena ha rechazado esa interpretación. El coordinador de su bancada en el Congreso estatal, Cuauhtémoc Estrada Sotelo, afirmó que la acción de inconstitucionalidad constituye un recurso legal para cuestionar diferentes elementos de la reforma y aseguró que su partido no se opone a combatir la injerencia del crimen organizado en los procesos electorales.
De acuerdo con Estrada, la impugnación también aborda asuntos relacionados con la elección de regidurías, la representación política y otros componentes de la reforma electoral.
¿Qué está en juego con la decisión de la SCJN?
El punto central será determinar qué disposiciones de la reforma pueden permanecer dentro del marco constitucional y cuáles, en su caso, tendrían que modificarse o quedar sin efectos.
El antecedente jurídico resulta relevante. La Suprema Corte ha establecido en resoluciones anteriores que los congresos estatales tienen límites específicos cuando legislan sobre determinadas materias electorales y penales. Por ejemplo, en una resolución de 2020 relacionada con Chihuahua, el Pleno invalidó disposiciones del Código Penal estatal al considerar que la legislación sobre determinados delitos electorales corresponde de manera exclusiva al Congreso de la Unión.
Eso no significa, por sí mismo, que la actual reforma vaya a correr la misma suerte. El contenido concreto de las normas impugnadas y los argumentos constitucionales planteados en la acción serán determinantes para el análisis del tribunal.
Además, el contexto electoral vuelve especialmente relevante la discusión. Chihuahua se encuentra ante la preparación del proceso electoral 2026-2027, por lo que cualquier modificación al marco que regula las candidaturas y las causas de nulidad podría tener efectos políticos y jurídicos importantes.
Una disputa que va más allá de Morena y el PAN
El debate sobre los llamados “narcocandidatos” no se limita a Chihuahua. A nivel federal también se han impulsado mecanismos para revisar la integridad de quienes busquen competir en las elecciones de 2027. La Cámara de Diputados aprobó en mayo de 2026 una reforma relacionada con la creación de una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, destinada a fortalecer los controles sobre los perfiles que pretendan obtener una candidatura.
En Chihuahua, la discusión adquiere características particulares porque el Congreso estatal aprobó disposiciones que contemplan consecuencias directamente relacionadas con la intervención del crimen organizado en una elección.
La diferencia entre las posturas políticas está, en buena medida, en el alcance y la constitucionalidad de esas medidas.
Por ahora, el escenario permanece abierto. La decisión de la Suprema Corte podría confirmar la vigencia del blindaje electoral, modificar alguno de sus alcances o invalidar determinadas disposiciones. La resolución permitirá conocer hasta dónde puede llegar Chihuahua en la regulación de sus procesos electorales y qué límites constitucionales deberán observarse.
La fecha señalada por la gobernadora es martes 29 de septiembre, cuando, según lo expuesto por Campos Galván, la Suprema Corte analizará el asunto.
El desenlace podría convertirse en uno de los capítulos jurídicos más relevantes del debate electoral de Chihuahua rumbo a 2027.
