La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, cuestionó la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que invalidó diversas disposiciones de la reforma electoral estatal relacionadas con la intervención del crimen organizado en los procesos electorales.
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En un mensaje difundido este miércoles 30 de septiembre, la mandataria sostuvo que, tras la decisión del máximo tribunal, quienes intervengan en una elección mediante dinero, amenazas o violencia podrían hacerlo sin que exista la consecuencia electoral que contemplaba la legislación aprobada por el Congreso de Chihuahua.
“El narco puede meter dinero en una campaña. Puede amenazar y matar candidatos. Puede decidir quién compite y quién no. Y así no hay consecuencias”, afirmó Campos.
La gobernadora sostuvo que la legislación estatal establecía mecanismos para anular una elección cuando se acreditara la intervención del crimen organizado o cuando existieran vínculos entre una candidatura y grupos criminales. De acuerdo con su planteamiento, Chihuahua había creado un mecanismo específico para impedir que la delincuencia organizada pudiera influir en los resultados electorales.
Sin embargo, la resolución de la SCJN fue más específica: el Pleno invalidó disposiciones que establecían sanciones como la pérdida del registro o la cancelación de candidaturas por determinadas conductas relacionadas con violencia, intimidación, amenazas, financiamiento, presión, manipulación o influencia indebida. La mayoría consideró, entre otros argumentos, que algunas de estas reglas vulneraban el principio de proporcionalidad y podían atribuir responsabilidad a una candidatura por actos cometidos por terceros.
¿Qué resolvió la Suprema Corte sobre la reforma electoral de Chihuahua?
El Pleno de la Suprema Corte analizó el 29 de septiembre las acciones de inconstitucionalidad 96/2026 y sus acumuladas 97/2026, 99/2026 y 103/2026, relacionadas con reformas a la Constitución local, la Ley Electoral de Chihuahua y otras disposiciones.
Entre los artículos impugnados se encontraban normas que establecían consecuencias para candidaturas relacionadas con actos de delincuencia, así como disposiciones vinculadas con violencia, amenazas, coacción, financiamiento ilícito y otras formas de intervención en los procesos electorales.
La Corte invalidó parte de estas disposiciones. Uno de los argumentos expuestos durante la discusión fue que no podía atribuirse automáticamente responsabilidad a una candidatura por acciones realizadas por terceros sin acreditar una conducta directamente imputable a la persona candidata.
La ministra Yasmín Esquivel Mossa votó en contra de la invalidez de las disposiciones cuestionadas. Durante la discusión sostuvo que actos como la violencia, intimidación, amenazas, presión o manipulación del electorado afectan la libertad del voto y la autenticidad de las elecciones.
Maru Campos responsabiliza a Morena
Tras conocer el fallo, Campos responsabilizó directamente a Morena, al señalar que sus legisladores votaron en contra de la reforma en el Congreso de Chihuahua y que posteriormente el partido promovió una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte.
“Cuando un partido hace todo para que la intervención del crimen en las elecciones no tenga consecuencias, está confesando literalmente cuáles son sus intereses y a quién está protegiendo”, afirmó la gobernadora.
La acusación forma parte de la postura política de la mandataria sobre la resolución y no constituye una conclusión establecida por la Suprema Corte sobre las motivaciones de Morena.
El coordinador de Morena en el Congreso de Chihuahua, Cuauhtémoc Estrada, ha defendido que la impugnación fue una vía jurídica para cuestionar diversos aspectos de la reforma y no una oposición al combate contra la intervención del crimen organizado en las elecciones.
“No pueden tumbar el espíritu chihuahuense”, afirma la gobernadora
Campos aseguró que su administración acatará la resolución de la Suprema Corte, aunque adelantó que buscará que el Congreso estatal vuelva a establecer mecanismos para combatir la intervención criminal en los procesos electorales mediante las vías jurídicas que permanezcan abiertas.
“Pueden tumbar una ley en la Suprema Corte, pero no pueden nunca tumbar el espíritu chihuahuense que ya le plantó cara al miedo y que no va a dejar nunca que el crimen elija a sus gobernantes”, declaró.
La mandataria también sostuvo que Chihuahua había sido el primer estado en establecer una disposición de este tipo en su legislación local.
El Gobierno de Chihuahua informó que buscará impulsar una nueva iniciativa para reponer las medidas que fueron invalidadas, aunque su contenido y alcance deberán ajustarse a los criterios constitucionales establecidos por la Corte.
