Asesino de Abe apela cadena perpetua; su abogado busca corregir «fallo injusto»
El asesino del ex primer ministro japones impugna la cadena perpetua por el crimen de 2022 mientras el caso pasa al Tribunal Superior de Osaka.
El hombre condenado por asesinar a tiros al ex primer ministro japonés Shinzo Abe en 2022 apeló este miércoles su sentencia a cadena perpetua, informó su abogado a medios locales.
Tetsuya Yamagami, de 45 años, fue declarado culpable hace dos semanas en el Tribunal del Distrito de Nara y condenado a prisión perpetua por utilizar un arma de fabricación casera durante un acto de campaña al aire libre.
El abogado aseguró que la acción representa «una oportunidad para corregir un fallo injusto de la corte». Sin embargo, se negó a detallar las intenciones de Yamagami con la apelación, incluyendo si busca revertir la culpabilidad o reducir la sentencia.
La apelación presentada ante el Tribunal de Distrito de Nara fue confirmada por Furukawa, quien reiteró que el objetivo es corregir un fallo que consideran injusto, sin especificar si impugnarán la culpabilidad o solo la pena.
Según informes de medios locales, la presentación se realizó dentro del plazo legal de 14 días tras la sentencia original, lo que permitirá que el caso pase al Tribunal Superior de Osaka para su revisión.
El asesinato de Abe obligó a un país poco acostumbrado a la violencia armada a reflexionar y desató un escrutinio sobre los supuestos vínculos de legisladores conservadores con la Iglesia de la Unificación, una secta reservada.
El caso de Yamagami suscitó cierta simpatía entre la opinión pública, ya que su defensa argumentó que el ataque fue provocado por grandes donaciones que su madre hizo a la Iglesia, las cuales llevaron a su familia a la quiebra. Abe había participado en eventos organizados por algunos de los grupos de la secta, que apoyó a su Partido Liberal Democrático en las elecciones.
Se estima que la secta recibió donaciones millonarias de familias afectadas, como la de Yamagami, generando un debate nacional sobre la influencia de organizaciones religiosas en políticos y la legislación sobre financiamiento de partidos.
Las cifras reportadas indican que la familia de Yamagami enfrentó deudas significativas que superaban los 100 millones de yenes debido a estas contribuciones.
El caso continúa bajo alta atención mediática en Japón, tanto por la gravedad del crimen como por sus implicaciones políticas y sociales, y se espera que la apelación pueda tardar varios meses en resolverse.
