sábado, agosto 15, 2026
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JCAS plantea ante CILA alternativas para cumplir con el Tratado de Aguas de 1944

El director de la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS) de Chihuahua, Mario Mata, presentó ante representantes de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) entre México y Estados Unidos una serie de alternativas relacionadas con el cumplimiento de los compromisos establecidos en el Tratado de Aguas de 1944.

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La reunión se llevó a cabo en Ciudad Juárez, donde se encuentra la sede de la Sección México de la CILA, y tuvo como propósito intercambiar puntos de vista sobre la situación del recurso hídrico y plantear opciones que permitan fortalecer la coordinación entre las instituciones responsables de la administración de la Cuenca del Río Bravo.

De acuerdo con la información difundida por la JCAS, el encuentro permitió “compartir visiones y plantear alternativas que fortalezcan la coordinación en la gestión de la Cuenca del Río Bravo”, en un contexto marcado por la discusión sobre el cumplimiento de los compromisos internacionales de México en materia de agua.

Chihuahua plantea alternativas ante CILA

Durante la reunión, la Junta Central de Agua y Saneamiento reiteró que el Gobierno del Estado mantiene su compromiso con el cumplimiento de las obligaciones internacionales establecidas en el Tratado de Aguas de 1944, aunque señaló que este proceso debe conducirse bajo principios de diálogo, responsabilidad y colaboración institucional.

La postura estatal busca que las decisiones relacionadas con el recurso hídrico consideren las condiciones y necesidades de Chihuahua, particularmente en una entidad donde el agua representa un recurso estratégico para las actividades agrícolas, productivas y el consumo de la población.

“Seguiremos impulsando soluciones que protejan el agua y los intereses de Chihuahua y de nuestro país”, señaló la JCAS al informar sobre el encuentro.

La dependencia estatal agregó que mantendrá una postura de defensa de los derechos de los usuarios del agua en Chihuahua, al considerar que cualquier alternativa para atender los compromisos binacionales debe tomar en cuenta las necesidades de las comunidades y sectores que dependen del recurso.

En este sentido, la Junta Central de Agua y Saneamiento enfatizó: “Siempre defenderemos los derechos de agua de las y los chihuahuenses, ante cualquier visión que pretenda privilegiar intereses comerciales sobre el recurso hídrico”.

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Maru Campos reitera defensa del agua de Chihuahua

La reunión ocurre después de que la gobernadora Maru Campos reiterara públicamente su postura respecto a la propiedad y uso del agua disponible en las presas del estado, ante la posibilidad de que Chihuahua enfrente presiones para aportar volúmenes destinados al cumplimiento del adeudo derivado del Tratado de Aguas de 1944.

Recientemente, la mandataria estatal afirmó que el agua pertenece a los habitantes de Chihuahua, en referencia a la posibilidad de que se solicite la entrega de alrededor de 300 millones de metros cúbicos de agua de las presas para contribuir al pago del volumen pendiente con Estados Unidos.

El Tratado de Aguas de 1944 establece compromisos entre México y Estados Unidos para la distribución de las aguas de los ríos Colorado, Tijuana y Bravo. En el caso de Chihuahua, el debate se relaciona particularmente con las aportaciones de agua de la cuenca del Río Bravo y las condiciones bajo las cuales deben cumplirse los compromisos internacionales.

La posición expresada por la administración estatal es que cualquier decisión debe proteger el abasto y los derechos de los usuarios chihuahuenses, al tiempo que se mantiene el diálogo institucional necesario para atender los compromisos que corresponden a México.

Con el encuentro en Ciudad Juárez, la JCAS busca mantener abierta la comunicación con la CILA y participar en la construcción de alternativas que permitan atender la situación sin poner en riesgo los intereses hídricos del estado.

El tema continuará bajo análisis entre las autoridades involucradas, mientras Chihuahua mantiene su postura de que las soluciones al cumplimiento del tratado deben considerar tanto las obligaciones internacionales de México como la disponibilidad del recurso y las necesidades de la población del estado.

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