Chihuahua.– La gobernadora Maru Campos Galván cuestionó la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la reforma electoral de Chihuahua y acusó a Morena de haber litigado contra las disposiciones que buscaban sancionar la intervención del crimen organizado en los procesos electorales.
NO TE VAYAS SIN LEER: A tres meses de su desaparición, familia de Marcelino Rivera Aguilar continúa buscándolo en DeliciasLa postura de la mandataria se produjo luego de que el Pleno de la SCJN invalidara diversas disposiciones de la reforma electoral estatal, entre ellas las relacionadas con la pérdida de registro o cancelación de candidaturas por infracciones vinculadas con actos de delincuencia. El máximo tribunal consideró que las sanciones no podían aplicarse bajo un esquema de responsabilidad objetiva y que debía acreditarse la responsabilidad personal de quien fuera sancionado.
Morena promovió la acción de inconstitucionalidad 99/2026, acumulada con los expedientes 96/2026, 97/2026 y 103/2026, mediante los cuales se impugnaron distintas modificaciones a la legislación electoral de Chihuahua.
Maru Campos cuestiona el alcance de la resolución
En un posicionamiento difundido después del fallo, Campos Galván sostuvo que la Corte retiró de la legislación estatal una de las medidas que, desde su perspectiva, buscaba impedir que una candidatura beneficiada por recursos, amenazas o intervención del crimen organizado pudiera conservar el resultado electoral.
La gobernadora afirmó que Chihuahua había establecido reglas para que una elección pudiera anularse cuando se acreditara la intervención del crimen organizado y para generar consecuencias sobre candidaturas beneficiadas por esas conductas.
“Morena litigó y la Corte le concedió que el candidato que gane con el narco se quede con la candidatura”, afirmó la mandataria, en una acusación que forma parte de su posicionamiento político sobre el fallo.
Sin embargo, la resolución judicial no establece que un candidato pueda recibir una candidatura por haber ganado con apoyo del crimen organizado. Lo que determinó la Corte fue la invalidez de determinadas sanciones previstas en la reforma, al considerar que su aplicación debía respetar el principio de responsabilidad personal y proporcionalidad.
Morena impugnó parte de la reforma
La acción de inconstitucionalidad promovida por Morena forma parte de un conjunto de cuatro recursos acumulados ante la Suprema Corte.
De acuerdo con los registros del procedimiento, además de Morena participaron legisladores del Congreso de Chihuahua y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. El expediente conjunto abordó distintos aspectos de las reformas realizadas a la Constitución estatal, la Ley Electoral y el Código Municipal.
El proyecto analizado por el Pleno también contemplaba otros temas, como restricciones a las facultades interpretativas de los órganos jurisdiccionales, facultades reglamentarias de la autoridad electoral y el esquema de acciones afirmativas para determinados grupos.
La Corte invalidó sanciones relacionadas con delincuencia
Uno de los puntos centrales de la resolución fue el régimen sancionador.
La SCJN invalidó las disposiciones que establecían la pérdida de registro o cancelación de candidaturas frente a determinadas infracciones relacionadas con actos de violencia, intimidación, amenazas, coacción, financiamiento, presión, manipulación o influencia indebida vinculadas con delincuencia.
El criterio reportado sobre la resolución establece que para imponer una sanción debía acreditarse que la persona involucrada hubiera cometido la conducta irregular, en lugar de atribuirle responsabilidad únicamente por haber sido beneficiaria directa de ella.
Este punto es el que Campos Galván identifica como una de las principales consecuencias de la sentencia.
Gobernadora anuncia que buscará otra vía
Tras conocer el fallo, la gobernadora sostuvo que su administración acatará la determinación de la Suprema Corte, pero aseguró que buscará impulsar nuevamente mecanismos para evitar la intervención del crimen organizado en los procesos electorales.
Campos afirmó que las disposiciones que fueron invalidadas podrán ser replanteadas mediante las vías legislativas que resulten constitucionalmente procedentes.
La mandataria también sostuvo que el objetivo de su gobierno es impedir que factores externos al voto ciudadano influyan en la selección de candidatos o en los resultados electorales.
La resolución ocurre a pocos días del inicio del proceso electoral 2026-2027 en Chihuahua y abre una nueva discusión sobre los mecanismos legales que puede utilizar el estado para enfrentar una eventual intervención de grupos criminales en los comicios.
Por ahora, las disposiciones invalidadas por la SCJN dejan de tener efectos en los términos establecidos por el fallo, mientras que el Congreso de Chihuahua deberá atender otros aspectos señalados por el máximo tribunal.
