Un tribunal federal negó el amparo promovido por Arturo Fuentes Vélez, exsecretario de Hacienda del Gobierno de Chihuahua durante la administración del exgobernador Javier Corral Jurado, en contra de la orden de aprehensión librada por su presunta participación en el denominado caso ICHISAL-Bansi.
La resolución representa un nuevo avance dentro del proceso judicial que sigue la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua, instancia que investiga diversas operaciones financieras relacionadas con un presunto daño patrimonial al Instituto Chihuahuense de la Salud (ICHISAL).
Con esta determinación, los tribunales federales validaron la orden de captura emitida previamente por la autoridad judicial, por lo que el procedimiento legal en contra del exfuncionario continúa su curso.
Fiscalía Anticorrupción investiga presunto quebranto por más de 401 millones de pesos
De acuerdo con la carpeta de investigación integrada por la Fiscalía Anticorrupción, Arturo Fuentes Vélez habría participado en la presunta simulación de un convenio de reconocimiento de adeudos y en la autorización de una operación financiera relacionada con la institución bancaria Bansi.
Las autoridades sostienen que dichas acciones habrían generado un presunto quebranto económico superior a 401 millones de pesos en perjuicio del Instituto Chihuahuense de la Salud.
La investigación busca determinar la participación de diversos exfuncionarios involucrados en la autorización y ejecución de las operaciones financieras que actualmente son objeto de revisión por parte de las autoridades ministeriales.
Cabe señalar que las acusaciones forman parte del proceso penal en desarrollo y será la autoridad judicial la encargada de determinar las responsabilidades correspondientes conforme avance el procedimiento.
La orden de aprehensión permanece vigente tras la resolución federal
Con la negativa del amparo, la orden de aprehensión emitida contra el exsecretario de Hacienda continúa vigente, lo que permite que las autoridades mantengan las acciones legales correspondientes dentro del proceso.
El amparo promovido por la defensa buscaba dejar sin efectos el mandamiento judicial; sin embargo, el tribunal resolvió no conceder la protección de la justicia federal.
Esta resolución no representa una sentencia sobre el fondo del asunto ni determina la culpabilidad del exfuncionario, sino que confirma la validez jurídica de la orden de aprehensión mientras continúan las investigaciones y el proceso penal.
La Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua reiteró que continuará integrando las pruebas necesarias para el esclarecimiento de los hechos y el seguimiento de este caso, considerado uno de los expedientes de mayor relevancia relacionados con el manejo de recursos públicos en el estado.
En las próximas etapas del procedimiento serán las autoridades judiciales quienes definan la situación jurídica de los involucrados conforme a las pruebas presentadas por las partes y al desarrollo del proceso legal.
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