La Operación Enjambre suma 111 personas detenidas por su presunta relación con actividades delictivas y redes de corrupción vinculadas con gobiernos municipales, de acuerdo con un corte oficial al 8 de septiembre de 2026.
La estrategia, coordinada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ha dirigido acciones de inteligencia, investigación y coordinación institucional para identificar presuntos vínculos entre servidores públicos, corporaciones de seguridad y grupos delictivos.
De acuerdo con la información difundida por las autoridades, entre los detenidos se encuentran presidentes y expresidentes municipales, mandos policiales, funcionarios y personas señaladas como presuntos operadores de estructuras criminales.
La dependencia federal ha sostenido que la estrategia se basa en una política de “cero impunidad”, sin importar el cargo público o la afiliación política de las personas investigadas.
Tres estados concentran los casos de funcionarios
Aunque las acciones de la Operación Enjambre se han extendido a distintos puntos del país, tres entidades concentran los casos de funcionarios municipales señalados por presuntos vínculos con actividades delictivas: Estado de México, Puebla y Morelos, con cuatro casos reportados en cada estado.
En el caso de los presidentes y expresidentes municipales, el recuento señala que 14 han sido vinculados a proceso o encarcelados.
De ellos, seis pertenecían a la coalición PRI-PAN-PRD; cuatro al bloque integrado por Morena-PT-PVEM; tres a Movimiento Ciudadano y uno a un partido local.
Las autoridades han insistido en que las investigaciones no están condicionadas por la filiación partidista de los funcionarios involucrados.
Alcaldes y exalcaldes, entre los detenidos
Entre los casos mencionados se encuentra el de María Elena Martínez Robles, exalcaldesa de Amanalco, Estado de México, quien llegó al cargo por Movimiento Ciudadano y posteriormente se afilió a Morena. Fue señalada por presuntos vínculos con La Familia Michoacana.
También aparece Isaac Rodríguez Ochoa, alcalde de Esperanza, Puebla, electo por la coalición Morena-PT, a quien las autoridades señalaron por presuntamente brindar protección institucional a una organización dedicada a delitos como robo de transporte de carga, extorsión, secuestro y extracción ilegal de combustible.
Otro caso es el de Ramiro González Vieyra, expresidente municipal de San Nicolás Buenos Aires, Puebla, quien representó al Partido Verde Ecologista de México en coalición con Morena y fue señalado por presuntos actos de abuso de autoridad y vínculos delictivos.
Del lado de la oposición se encuentra Jesús Corona Damián, edil de Cuautla, Morelos, quien obtuvo el cargo mediante la coalición PRI-PAN-PRD y fue señalado por sus presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
Asimismo, el exalcalde panista de Yecapixtla, Morelos, Irving Sánchez Zavala, fue señalado por delitos relacionados con delincuencia organizada y extorsión agravada.
En el Estado de México también destaca el caso del priista Ari Patrick Mendiola Mondragón, expresidente municipal de Almoloya de Alquisiras, detenido por su presunta participación en actos de protección a células delictivas.
Movimiento Ciudadano tampoco ha quedado fuera de las investigaciones. Entre los casos señalados se encuentra el de Said de Jesús Godos Luna, alcalde de Tepeyahualco, Puebla, detenido bajo acusaciones relacionadas con secuestro exprés y robo de vehículo con violencia.
La investigación también alcanza a policías y funcionarios
La estrategia federal no se ha limitado a presidentes municipales. Una parte importante de las detenciones corresponde a mandos de seguridad pública, directores y policías señalados como presuntos facilitadores de actividades criminales dentro de los gobiernos municipales.
En el Estado de México fueron detenidos, entre otros, comisarios de seguridad de municipios como Nicolás Romero, Acambay, Tlatlaya y Coatepec Harinas, quienes fueron señalados por presuntamente participar en redes de extorsión o proporcionar información a grupos criminales.
En Jalisco, las investigaciones alcanzaron a funcionarios de las áreas de Catastro y Obras Públicas del municipio de Tequila, a quienes se les atribuye presuntamente haber facilitado información fiscal de establecimientos comerciales que habría sido utilizada para actividades de extorsión.
Edomex concentra la mayor cantidad de detenciones
El Estado de México aparece como el principal foco de la Operación Enjambre, con alrededor de 60 detenciones reportadas dentro de la estrategia.
Las autoridades han concentrado parte de sus acciones en municipios donde presuntamente existe una infiltración de grupos criminales en las corporaciones de seguridad pública.
Entre las organizaciones mencionadas en las investigaciones destaca La Familia Michoacana, particularmente por su presunta presencia y control territorial en distintas regiones del Estado de México.
El segundo bloque identificado corresponde a una ruta del Pacífico-Centro, integrada por Morelos, Jalisco, Oaxaca y Chiapas, donde las investigaciones han relacionado los casos con delitos como extorsión, delincuencia organizada y presunta complicidad entre funcionarios y grupos criminales.
Puebla y Veracruz, bajo la lupa por robo de transporte
Otra de las zonas de atención corresponde al corredor conformado por Puebla y Veracruz, donde se han realizado operativos dirigidos contra presuntas redes dedicadas al robo de autotransporte de carga.
De acuerdo con el recuento citado, esta región concentra 16 detenciones derivadas de cateos y acciones simultáneas dirigidas a detectar posibles vínculos entre elementos de seguridad y organizaciones dedicadas al robo de mercancías y vehículos.
La estrategia también ha alcanzado entidades de Occidente y el Pacífico, como Jalisco y Chiapas, donde se han realizado intervenciones relacionadas con áreas municipales de Catastro, Obras Públicas y Seguridad.
Chihuahua también aparece en las acciones de 2026
Dentro del despliegue realizado durante 2026 se reportan intervenciones simultáneas en Chihuahua, Tlaxcala y Tamaulipas, relacionadas con investigaciones por presunto desvío de recursos públicos y colusión institucional.
En esta fase, de acuerdo con el recuento difundido, se contabilizaron cinco personas detenidas.
La inclusión de Chihuahua dentro de estas acciones coloca a la entidad en el mapa de las investigaciones federales contra posibles redes de corrupción y delincuencia organizada vinculadas con estructuras municipales.
Hay 20 sentencias condenatorias firmes
Además de las detenciones, la Operación Enjambre acumula 20 sentencias condenatorias firmes, según el balance difundido por las autoridades.
Este dato representa uno de los principales indicadores utilizados por el Gobierno federal para destacar el avance de la estrategia, debido a que los casos han llegado ante tribunales y derivado en resoluciones condenatorias.
Sin embargo, no todas las personas detenidas han recibido una sentencia, por lo que cada caso debe distinguirse entre una detención, una eventual vinculación a proceso y una condena definitiva.
Por separado, García Harfuch ha informado que durante el actual sexenio la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ha concretado más de 67 mil detenciones por delitos de alto impacto y alrededor de 2 mil relacionadas con extorsión.
La Operación Enjambre mantiene así su despliegue contra las presuntas redes criminales que, de acuerdo con las investigaciones oficiales, habrían encontrado espacios de operación dentro de algunas administraciones municipales.
La responsabilidad de cada persona señalada deberá determinarse de manera individual por las autoridades judiciales, conforme avancen los procesos y las pruebas presentadas en cada expediente.
🚨TE PUEDE INTERESAR: Joven es encontrado sin vida dentro de habitación de hotel
