Chihuahua.- Un video recientemente difundido revela que Óscar Alberto Aparicio Avendaño, excomisionado estatal de seguridad durante el gobierno de Javier Corral Jurado, fue fichado por inteligencia militar como presunto colaborador del crimen organizado.
El dato se vuelve más grave al constatar que, pese a los reportes de riesgo elaborados por el Ejército Mexicano, Aparicio fue promovido a ocupar cargos en entidades como Tamaulipas y Chiapas, bajo respaldo de actores políticos de alto nivel.
El Ejército advirtió sobre su perfil y frenó su nombramiento como secretario de Seguridad en Tamaulipas. No obstante, la alerta no impidió que terminara al frente de una división operativa en Chiapas, lo que revela una posible red de protección política que encubre perfiles con antecedentes de riesgo para la seguridad nacional.
Análisis jurídico en materia penal
1. Delitos posibles: delincuencia organizada, encubrimiento, abuso de funciones
Aparicio Avendaño, en su calidad de servidor público, pudo haber incurrido en delitos federales si se acredita su vinculación con grupos criminales, conforme a lo siguiente:
Artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en relación con el artículo 16 del CNPP, que exige la existencia de indicios racionales para el inicio de una investigación.
Artículo 400 del Código Penal Federal (CPF), si se demuestra encubrimiento de otros delitos o colaboración indirecta con organizaciones criminales.
Artículo 217 CPF, en caso de ejercicio indebido del servicio público, al asumir cargos estando inhabilitado de facto por razones de seguridad.
2. Responsabilidad penal del superior jerárquico (Javier Corral)
Desde el punto de vista penal, el exgobernador Javier Corral Jurado podría ser investigado por su responsabilidad en el nombramiento de mandos cuestionados, bajo los siguientes fundamentos:
Teoría del dominio de la organización (Claus Roxin): cuando un superior jerárquico, con conocimiento del riesgo, coloca a subordinados funcionales al crimen en posiciones clave, puede ser considerado autor mediato de delitos mediante aparato organizado de poder.
Omisión deliberada (artículo 7 CPF): si existían reportes o alertas oficiales —como los del Ejército—, su inobservancia puede constituir una omisión penalmente relevante.
Abuso de autoridad y negligencia funcional, conforme a los artículos 214 y 218 del CPF, por colocar a una persona con antecedentes negativos al frente de cuerpos armados.
3. Ruptura del deber de diligencia en designaciones de seguridad
El Sistema Nacional de Seguridad Pública establece controles de confianza obligatorios y protocolos de depuración de mandos. En caso de haber sido ignorados, suplantados o manipulados, se habría vulnerado el principio de legalidad administrativa, lo que puede generar no solo responsabilidad política, sino también penal y patrimonial del Estado.
Contexto: un patrón de designaciones polémicas en Chihuahua
Durante la administración de Javier Corral, Aparicio fue señalado públicamente por organismos de derechos humanos, periodistas y colectivos ciudadanos por diversas irregularidades, entre ellas:
Detenciones arbitrarias, tortura, desapariciones forzadas y fabricación de culpables.
Operativos sin control judicial ni transparencia institucional.
Presunta protección a células del crimen organizado, de acuerdo con testimonios y reportes periodísticos.
Estas omisiones y decisiones podrían configurar un caso de criminalidad de Estado, en el cual el aparato público no solo habría fallado en garantizar la seguridad, sino que pudo haber colaborado estructuralmente con actores delictivos.
Reflexión penal
¿Puede un gobernador ser penalmente responsable por nombrar a funcionarios ligados al crimen?
Sí. Si se acredita que tuvo conocimiento de informes en su contra y aun así los protegió, promovió o encubrió, su responsabilidad penal podría configurarse.
El derecho penal mexicano e internacional reconoce la figura del “autor en aparatos organizados de poder” como responsable de crímenes cometidos por subordinados en contextos de impunidad estructural.
Desde Búho Penal, exigimos una investigación autónoma, exhaustiva y libre de restricciones políticas sobre este caso.
No se puede construir un Estado de derecho sobre redes de impunidad ni alianzas funcionales con el crimen.
(Información de Búho Penal)
