El Servicio de Espionaje Exterior ruso afirma que miembros del crimen organizado recibieron capacitación militar en Ucrania y que habría pagos a funcionarios cercanos a Volodímir Zelenski; los señalamientos no han sido acreditados de manera independiente.
El Servicio de Espionaje Exterior de Rusia (SVR) acusó al Gobierno de Ucrania de permitir que presuntos integrantes de cárteles mexicanos recibieran entrenamiento para ensamblar y operar drones en condiciones de combate, una actividad que, según el organismo ruso, habría generado preocupación entre las autoridades de Estados Unidos.
En un comunicado difundido este martes, 20 de octubre, la inteligencia rusa aseguró que agencias estadounidenses habrían identificado al menos a 80 personas vinculadas con organizaciones criminales mexicanas que recibieron capacitación en las filas de las Fuerzas Armadas ucranianas.
Sin embargo, el SVR no presentó públicamente pruebas verificables que permitan confirmar la identidad de esas personas, la organización criminal a la que pertenecerían o las circunstancias en que supuestamente recibieron el entrenamiento. Por ello, las acusaciones deben considerarse señalamientos atribuidos a la inteligencia rusa y no hechos comprobados.
¿Qué acusa Rusia al Gobierno de Volodímir Zelenski?
De acuerdo con el comunicado del SVR, grupos delictivos mexicanos habrían enviado durante un periodo prolongado a presuntos integrantes a Ucrania para aprender técnicas de ensamblaje y operación de drones utilizados en escenarios de guerra.
El organismo ruso sostuvo que las autoridades estadounidenses habrían obtenido información sobre esa presunta cooperación mientras investigaban las actividades de los cárteles mexicanos.
Además, afirmó que los pagos por el supuesto entrenamiento procederían de recursos obtenidos mediante la venta de drogas en Estados Unidos y que el dinero habría sido transferido a funcionarios cercanos al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.
No obstante, el comunicado citado no aporta documentación financiera, nombres de los supuestos intermediarios ni pruebas independientes que permitan corroborar esas acusaciones.
El SVR también planteó que la preparación de operadores de drones con experiencia en combate podría representar un riesgo para los agentes estadounidenses que participan en operaciones contra el narcotráfico en la frontera con México.
El uso de drones por el crimen organizado genera preocupación
La denuncia rusa se produce en un contexto de creciente atención sobre el empleo de aeronaves no tripuladas por parte de organizaciones criminales mexicanas.
Los drones pueden utilizarse para labores de vigilancia, reconocimiento y seguimiento de movimientos de fuerzas de seguridad. Algunos modelos también pueden adaptarse para transportar explosivos, lo que representa un desafío para las corporaciones policiales y militares.
En octubre de 2026, autoridades estadounidenses han impulsado pruebas de tecnologías antidrones ante el incremento de incursiones de estos dispositivos en la frontera con México. La preocupación por esta tecnología constituye un asunto de seguridad independiente de las acusaciones específicas formuladas por Rusia contra Ucrania.
Por otra parte, investigaciones periodísticas han documentado indicios de que personas vinculadas con grupos criminales mexicanos podrían haber viajado a Ucrania y adquirido experiencia en escenarios de guerra. Sin embargo, la presencia de presuntos delincuentes en un conflicto no demuestra por sí misma que el Gobierno ucraniano haya autorizado su capacitación como integrantes del crimen organizado. <Cite refs={[«turn915870search3″,»turn915870search13»]}/>
México ha cuestionado versiones sobre el supuesto entrenamiento
Los señalamientos sobre la presencia de presuntos integrantes de organizaciones criminales mexicanas en Ucrania no son nuevos.
En octubre de 2026, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, declaró que no había indicios de participación de exmilitares mexicanos en los entrenamientos referidos en versiones difundidas públicamente y señaló que las investigaciones se enfocaban en personas procedentes de Colombia.
Este antecedente resulta relevante porque muestra que las versiones sobre el origen y la identidad de las personas presuntamente vinculadas con entrenamientos militares requieren verificaciones específicas.
Por su parte, la Embajada de Ucrania en México ya había rechazado acusaciones similares formuladas por Rusia en meses anteriores, calificándolas como señalamientos sin sustento y cuestionando la intención de las autoridades rusas al difundirlas.
Hasta ahora, las declaraciones del SVR no permiten establecer de manera independiente que el Gobierno ucraniano haya organizado o autorizado un programa de entrenamiento dirigido a cárteles mexicanos.
Moscú vincula las acusaciones con la relación entre Ucrania y Estados Unidos
En su comunicado, la inteligencia rusa también lanzó críticas políticas contra Zelenski y sostuvo que la supuesta cooperación con grupos criminales podría perjudicar su relación con Washington.
El organismo relacionó sus acusaciones con otros desacuerdos entre los gobiernos de Estados Unidos y Ucrania, incluidos los ataques ucranianos contra instalaciones petroleras rusas y las diferencias sobre la conducción de la guerra.
Sin embargo, esas valoraciones forman parte del posicionamiento político del servicio de inteligencia ruso y no constituyen pruebas de las presuntas transferencias de dinero ni de la supuesta capacitación de integrantes de cárteles.
La información divulgada vuelve a colocar en el debate internacional la relación entre la guerra en Ucrania, la tecnología militar y la evolución de las capacidades del crimen organizado.
Para confirmar los señalamientos más recientes, sería necesario contar con evidencias verificables, información de las investigaciones estadounidenses citadas por Rusia y respuestas oficiales de las autoridades involucradas.
Mientras esos elementos no se hagan públicos, la supuesta capacitación de al menos 80 integrantes de cárteles mexicanos por parte de las Fuerzas Armadas ucranianas permanece como una acusación del SVR cuya veracidad no ha sido establecida de manera independiente.
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