El diputado federal de Morena y vicecoordinador de su bancada en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, exigió que se investiguen posibles actos de corrupción relacionados con la adquisición de materiales e insumos electorales en el Instituto Nacional Electoral (INE).
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Durante su intervención, incluso pidió que se finquen responsabilidades penales contra la expresidenta del organismo, Guadalupe Taddei, y que la Fiscalía General de la República (FGR) inicie una investigación.
Las declaraciones se produjeron durante la comparecencia del titular del Órgano Interno de Control (OIC) del INE, Víctor Hugo Carvente Contreras, ante legisladores, donde Ramírez Cuéllar cuestionó las presuntas irregularidades en los procedimientos de contratación y la relación del organismo electoral con distintas empresas proveedoras.
El legislador morenista sostuvo que las anomalías señaladas no deberían limitarse a revisiones administrativas, sino que tendrían que derivar en investigaciones a fondo para determinar si existieron responsabilidades de funcionarios, contratistas o particulares.
En ese contexto, lanzó un señalamiento directo contra Guadalupe Taddei y solicitó que la FGR intervenga para esclarecer los hechos.
Ramírez Cuéllar pide investigar a proveedores del INE
Durante su participación, el diputado afirmó que las autoridades deben revisar las operaciones realizadas con empresas proveedoras de materiales e insumos electorales, además de determinar si existieron acuerdos indebidos entre contratistas.
Ramírez Cuéllar planteó la necesidad de investigar lo que calificó como un sistema de complicidades o un supuesto cártel en las adquisiciones del sector electoral, cuya operación, según su exposición, podría remontarse a administraciones anteriores.
El legislador también pidió revisar los antecedentes de las auditorías y los trabajos realizados por anteriores responsables de los órganos de fiscalización, al considerar que todavía existen explicaciones pendientes sobre las presuntas irregularidades.
Piden intervención del SAT y autoridades antimonopolio
Como parte de las medidas para esclarecer los señalamientos, Ramírez Cuéllar propuso convocar a reuniones con la titular de la autoridad federal de competencia económica, a fin de conocer si existieron acuerdos o prácticas de colusión entre las empresas proveedoras y contratistas del sector electoral.
También solicitó llamar a comparecer a representantes del Servicio de Administración Tributaria (SAT), debido a las posibles irregularidades fiscales que, según sus declaraciones, podrían estar relacionadas con las contrataciones investigadas.
El diputado señaló que existen sospechas de facturación falsa y operaciones simuladas que podrían afectar la transparencia, el uso de recursos públicos y la eficiencia de los organismos electorales.
A su juicio, estas prácticas no representarían un problema exclusivo del INE, sino que podrían extenderse a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) de distintas entidades del país.
OIC reporta expedientes y procedimientos administrativos
Durante la misma comparecencia, el titular del Órgano Interno de Control del INE, Víctor Hugo Carvente Contreras, informó sobre el avance de las investigaciones relacionadas con las contrataciones del organismo.
De acuerdo con los reportes presentados, existen 18 expedientes abiertos: 13 permanecen en etapa de investigación y cinco avanzaron a procedimientos de responsabilidades administrativas.
El funcionario también informó sobre procedimientos relacionados con cinco servidores públicos por posibles irregularidades en la asignación de contratos.
Los señalamientos forman parte de investigaciones que buscan esclarecer posibles conflictos de interés y anomalías en los procesos de adquisición de materiales electorales.
Hasta el momento, los expedientes y procedimientos administrativos no equivalen a sentencias penales ni determinan por sí mismos la responsabilidad de las personas señaladas.
En este contexto, Ramírez Cuéllar insistió en que la Cámara de Diputados debe profundizar las investigaciones y promover la intervención de las autoridades competentes para esclarecer los hechos.
La exigencia del legislador coloca nuevamente bajo el escrutinio público las contrataciones del INE y abre un debate sobre los mecanismos de fiscalización, transparencia y rendición de cuentas dentro de los organismos electorales, particularmente rumbo a las elecciones de 2027.
