El expresidente de México Vicente Fox salió públicamente en defensa del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, detenido y señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunta participación en delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible.
TE PUEDE INTERESAR: 
Maru Campos suelta dos y deja temblando el chat
Durante un encuentro con medios de comunicación, Fox aseguró que confía plenamente en el exmandatario estatal y afirmó que está dispuesto a “meter las manos al fuego” por Ruffo, quien permanece recluido en el Centro Federal de Readaptación Social del Altiplano, en el Estado de México.
En la reunión también estuvieron presentes Verónica Ruffo, hija del exgobernador, así como dirigentes del Partido Acción Nacional (PAN), quienes han expresado cuestionamientos sobre el proceso judicial que enfrenta el político bajacaliforniano.
Fox sostuvo que Ruffo habría sido sometido a un trato que calificó como “tortura psicológica” desde su detención el pasado 17 de julio de 2026 y demandó a las autoridades garantizar condiciones adecuadas durante su reclusión.
Fox defiende a Ruffo y cuestiona su trato en prisión
El exmandatario afirmó que su presencia en el encuentro obedecía, entre otros motivos, a la relación personal que mantiene con Ruffo y a la convicción de que debe recibir un trato digno mientras enfrenta las acusaciones en su contra.
“No tiene madre que le hayan hecho eso a este personaje, y por eso estamos aquí. Yo estoy personalmente porque lo quiero mucho, porque meto la mano al fuego por Ernesto Ruffo”, declaró Fox ante los medios.
El expresidente también hizo referencia al número de identificación penitenciaria asignado a Ruffo, señalando que lo porta con orgullo como una muestra de respaldo al exgobernador.
Fox pidió además a las autoridades revisar las condiciones en las que permanece detenido el político y garantizar que sus derechos sean respetados durante el proceso.
El exmandatario señaló que el Altiplano es un centro penitenciario que puede generar temor por las condiciones de reclusión y afirmó que, desde su perspectiva, Ruffo ha recibido un trato que considera excesivo.
ÚNETE AQUÍ A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP Y RECIBE LAS NOTICIAS MÁS IMPORTANTES DE DELICIAS Y LA REGIÓN
¿De qué acusan a Ernesto Ruffo?
La detención de Ernesto Ruffo Appel ocurrió el 17 de julio de 2026 en Ensenada, Baja California, como parte de una investigación encabezada por la Fiscalía General de la República y con participación de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
De acuerdo con la FGR, la captura fue resultado de una investigación de alta complejidad relacionada con operaciones de contrabando de combustible.
Las autoridades señalan al exgobernador por presuntos delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible, en un caso que ha generado una fuerte reacción dentro de sectores de la oposición.
La investigación también está relacionada con Ingemar S.A. de C.V., empresa fundada por Ruffo y que forma parte de las indagatorias de las autoridades federales.
Es importante señalar que las acusaciones corresponden a señalamientos de la Fiscalía y que la responsabilidad penal de una persona debe determinarse mediante el proceso judicial correspondiente.
PAN y Somos México cuestionan la detención
A más de un mes de la captura, integrantes del Partido Acción Nacional (PAN) y del partido Somos México han manifestado públicamente su oposición a la detención del exgobernador.
Ambas fuerzas políticas han cuestionado el procedimiento y han expresado respaldo a Ruffo, mientras su defensa legal trabaja en las acciones correspondientes dentro del proceso.
Durante el encuentro con medios también se informó sobre la ampliación del equipo jurídico encargado de la defensa del exmandatario bajacaliforniano.
Ernesto Ruffo Appel ocupa un lugar relevante en la historia política de México, debido a que en 1989 se convirtió en el primer gobernador de oposición en la etapa moderna del país, al ganar la gubernatura de Baja California bajo las siglas del PAN.
Su detención, por ello, ha generado una reacción política que trasciende el caso judicial y ha reactivado el debate entre dirigentes opositores sobre el uso de las instituciones de procuración de justicia.
Mientras tanto, el proceso contra Ruffo continúa y serán las autoridades judiciales las encargadas de determinar su situación jurídica y, en su momento, la responsabilidad que pudiera existir respecto de los delitos que le atribuye la Fiscalía.
