Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) negó que actualmente cuente con datos de prueba o con testimonios de personas protegidas que sustenten el inicio de una investigación contra Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, por delitos relacionados con hidrocarburos.
La aclaración de la Fiscalía ocurre en medio de la polémica generada después de que López Beltrán informó que Estados Unidos revocó su visa, decisión que el propio político calificó como una medida de carácter político. La revocación fue confirmada públicamente por López Beltrán, aunque las autoridades estadounidenses no han explicado de manera específica las razones del caso, debido a la confidencialidad de los expedientes de visas.
En México, la presidenta Claudia Sheinbaum también sostuvo que no se abriría una investigación contra López Beltrán únicamente a partir de la decisión del Gobierno estadounidense y pidió que, si existen acusaciones, se presenten las pruebas correspondientes.
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FGR rechaza versión sobre testigos protegidos
A través de sus canales oficiales, la Fiscalía rechazó las versiones periodísticas que señalaban la existencia de testigos protegidos que habrían relacionado a López Beltrán con una investigación por delitos en materia de hidrocarburos.
La dependencia federal calificó esa información como falsa y sostuvo que no cuenta con elementos de prueba que permitan iniciar una carpeta de investigación en su contra por esos hechos.
La precisión de la FGR resulta relevante debido a que el nombre de López Beltrán ha aparecido mencionado en versiones relacionadas con una investigación federal por contrabando de combustible o “huachicol fiscal”, aunque una mención dentro de una declaración o expediente no equivale, por sí misma, a una imputación formal ni demuestra responsabilidad penal.
Uno de los expedientes citados en las versiones periodísticas está relacionado con las investigaciones por el aseguramiento del buque Challenge Procyon, ocurrido en marzo de 2025 en Tampico, donde autoridades localizaron millones de litros de combustible presuntamente introducido de manera irregular al país.
En testimonios incorporados a esa investigación se hacen referencias a presuntos conflictos políticos y a nombres de funcionarios y personas vinculadas al entorno político nacional. Sin embargo, la existencia de esas referencias debe distinguirse de la existencia de una acusación formal contra López Beltrán.
La polémica aumentó tras la cancelación de su visa
El caso cobró mayor relevancia después de que López Beltrán revelara públicamente la cancelación de su visa estadounidense y dirigiera una carta al presidente Donald Trump, en la que cuestionó la decisión y negó tener relación con actividades ilícitas. Reuters reportó que el político atribuyó la medida a motivos políticos y afirmó que no existían pruebas que lo vincularan con delitos.
La Embajada de Estados Unidos en México, sin referirse específicamente al caso, señaló que las visas pueden ser revocadas cuando existen razones para ello, pero los registros migratorios estadounidenses son confidenciales y no necesariamente implican la existencia de una acusación penal pública.
Por ello, la cancelación de una visa y una eventual investigación criminal son asuntos jurídicamente distintos.
Hasta ahora, no existe una acusación pública de la FGR contra López Beltrán por huachicol fiscal, de acuerdo con la postura difundida por la propia institución.
El tema, sin embargo, continúa generando debate político debido a las investigaciones federales relacionadas con el contrabando de hidrocarburos y al contexto de presión que existe entre México y Estados Unidos en materia de seguridad y combate al crimen organizado.
La FGR deberá determinar, en caso de que posteriormente surjan nuevos elementos, si existe fundamento para iniciar alguna investigación. Mientras eso no ocurra, López Beltrán mantiene su presunción de inocencia respecto de cualquier señalamiento de carácter penal.
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