Morelos.- La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Morelos (TSJ) de otorgar licencia con goce de sueldo a cinco magistrados para participar en una actividad académica en España durante octubre y noviembre generó cuestionamientos entre abogados postulantes y expresiones de desacuerdo desde el Poder Legislativo.
Los magistrados Cecilia Verónica González, José Anuar González Cianci, Juan Gabriel Vargas, María Luisa Sánchez Osorio y Martha Sánchez Osorio fueron autorizados para ausentarse durante 12 días laborales y participar en el programa Movilidad Estudiantil Internacional España 2026, previsto del 26 de octubre al 6 de noviembre.
La autorización quedó establecida mediante las circulares 17, 18, 19, 20 y 21/2026, emitidas por el Poder Judicial estatal. El permiso contempla que los cinco funcionarios mantengan el pago íntegro de sus percepciones durante el periodo de ausencia.
La medida abrió un debate sobre el uso de recursos públicos, la capacitación de los integrantes del Poder Judicial y las condiciones en las que actualmente se desarrollan los procesos judiciales en Morelos.
Abogados cuestionan licencia con goce de sueldo
Pedro Martínez Berro, integrante del Foro Morelense de Abogados, cuestionó públicamente la decisión y consideró que el permiso resulta difícil de justificar frente a los problemas que enfrentan miles de personas que acuden a los tribunales para resolver sus asuntos.
Los litigantes señalaron que existen expedientes que enfrentan retrasos y que, en ese contexto, la ausencia de magistrados durante casi dos semanas laborales debería estar acompañada de una explicación detallada sobre los beneficios concretos que tendrá la actividad académica para el sistema de justicia estatal.
También solicitaron que el Tribunal haga pública información relacionada con el programa, los criterios utilizados para seleccionar a los cinco magistrados y los resultados que se esperan obtener con su participación.
Uno de los puntos que generó mayor controversia es que los funcionarios conservarán sus salarios durante los días que permanezcan fuera de sus funciones ordinarias.
Aunque, según lo informado por el propio Tribunal, los gastos de traslado, hospedaje y alimentación serán cubiertos inicialmente con recursos de los propios magistrados, abogados han planteado la necesidad de transparentar cualquier erogación pública relacionada directa o indirectamente con el viaje.
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El Tribunal defiende la capacitación de magistrados
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Morelos, Juan Emilio Elizalde Figueroa, defendió la participación de los magistrados en la actividad académica y sostuvo que la capacitación y actualización profesional forman parte de las responsabilidades de quienes desempeñan funciones públicas.
El funcionario aseguró que los cinco magistrados asumirán con recursos propios los gastos correspondientes a su traslado, hospedaje y alimentación.
Asimismo, afirmó que las ausencias no afectarán el funcionamiento de las salas ni provocarán rezagos en la atención de los asuntos judiciales.
Sin embargo, hasta ahora persiste el cuestionamiento de algunos litigantes respecto a la conveniencia de mantener el pago íntegro de los salarios durante el periodo de licencia y sobre la necesidad de transparentar cualquier recurso público que pudiera relacionarse posteriormente con la comisión.
El debate también se da en un contexto en el que los ingresos de los magistrados han sido objeto de cuestionamientos. De acuerdo con los señalamientos de sus críticos, sus percepciones mensuales rondan los 100 mil pesos, monto que comparan con los ingresos de altos funcionarios estatales.
La controversia, por tanto, no se limita al viaje a España, sino que pone sobre la mesa la discusión acerca de cómo debe equilibrarse la capacitación de los servidores públicos con las exigencias de austeridad, transparencia y eficiencia en el Poder Judicial.
Por ahora, el Tribunal sostiene que la actividad académica no afectará la impartición de justicia y que los gastos del viaje serán cubiertos por los propios magistrados. Corresponderá a la información que proporcione el Poder Judicial determinar con mayor claridad el alcance del programa, sus beneficios y si existirá algún gasto público asociado con la participación de los funcionarios.
