La secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, presentó una investigación sobre una presunta red de empresas vinculadas con los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas, señalada por concentrar contratos millonarios para la fabricación y suministro de material electoral en México.
De acuerdo con los datos expuestos por la funcionaria, las compañías relacionadas con ambos empresarios acumularon adjudicaciones por aproximadamente 2 mil 740.3 millones de pesos entre 2015 y 2025, mediante contratos con organismos electorales de distintas entidades del país.
La investigación, sustentada en información del histórico de CompraNet, la Plataforma Nacional de Transparencia y registros empresariales, apunta a posibles irregularidades en los procedimientos de contratación pública, entre ellas simulación de competencia, vínculos corporativos y presuntas operaciones para dispersar recursos.
Durante la presentación, Buenrostro explicó que el análisis comprende dos periodos principales: de 2015 a 2023 y de 2024 a 2025. En ambos se identificó la participación de empresas relacionadas con los hermanos Hernández Casillas en contratos con organismos públicos locales electorales (OPLE).
Las autoridades buscan establecer cómo operaba esta estructura empresarial, quiénes participaron en las contrataciones y si existieron responsabilidades administrativas o posibles delitos.
Empresas vinculadas con los hermanos Hernández Casillas obtuvieron contratos millonarios
Según las cifras presentadas por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, durante el periodo comprendido entre 2015 y 2023, empresas relacionadas con los hermanos obtuvieron contratos por más de 2 mil 94 millones de pesos en 23 de los 32 organismos públicos locales electorales del país.
Posteriormente, entre 2024 y 2025, la estructura empresarial habría mantenido su participación en las contrataciones públicas, con adjudicaciones por otros 646.3 millones de pesos en 15 entidades.
En conjunto, ambos periodos representan alrededor de 2 mil 740.3 millones de pesos en recursos públicos destinados a la adquisición de materiales y servicios relacionados con los procesos electorales.
Entre las compañías mencionadas en la investigación se encuentran:
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Formas Finas y Materiales.
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Cajas Graf.
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Seriplast de México.
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Comercializadora JVLY.
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Corporativo ZEG.
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Formas Finas Fernando Fernández.
La investigación señala que estas empresas presentan conexiones mediante accionistas, representantes legales y relaciones familiares. También identifica cambios en la estructura corporativa, con participación de familiares directos de los empresarios.
La información disponible señala que los vínculos entre las compañías deben analizarse para determinar si operaban de manera independiente o si formaban parte de una misma estructura de negocios.
Simulación de competencia en licitaciones electorales
Uno de los principales señalamientos de la investigación está relacionado con la presunta simulación de competencia durante los procesos de licitación.
De acuerdo con los hallazgos expuestos por las autoridades, varias empresas relacionadas entre sí habrían participado en los mismos concursos de contratación, aunque presuntamente existían acuerdos para favorecer a determinados participantes.
Este mecanismo habría permitido que compañías de una misma estructura empresarial aparentaran competir entre ellas, mientras se generaban condiciones para que determinados proveedores obtuvieran los contratos.
El Órgano Interno de Control del INE también ha documentado señalamientos sobre posibles prácticas de colusión entre empresas proveedoras de material electoral.
En una comparecencia ante legisladores, el titular de ese órgano, Víctor Hugo Carvente Contreras, informó que cinco compañías vinculadas entre sí habrían recibido contratos por 2 mil 461 millones de pesos de organismos electorales locales entre 2014 y 2025.
El funcionario describió un esquema en el que algunas empresas presuntamente presentaban ofertas elevadas para modificar las condiciones de competencia y favorecer a otra compañía del mismo grupo.
Estos señalamientos forman parte de las revisiones administrativas y deberán ser evaluados por las autoridades competentes.
Empresas sin capacidad operativa y presunta dispersión de recursos
Otro de los aspectos señalados en las investigaciones tiene que ver con la capacidad operativa de algunas compañías que obtuvieron contratos públicos.
De acuerdo con los análisis financieros y fiscales referidos en las indagatorias, algunas empresas presentarían inconsistencias en sus registros laborales, domicilios y capacidad técnica para cumplir con los servicios contratados.
Entre los elementos bajo revisión se encuentran empresas con pocos trabajadores registrados o sin personal ante las autoridades correspondientes, así como coincidencias en domicilios y datos de contacto entre distintas razones sociales.
También se investigan posibles operaciones de dispersión de recursos mediante transferencias a otras compañías, lo que podría haber dificultado identificar a los beneficiarios finales del dinero público.
Las autoridades revisan además posibles irregularidades relacionadas con facturación y utilización de personas que presuntamente habrían prestado sus nombres para figurar en estructuras corporativas.
Estos elementos, por sí solos, no acreditan la comisión de delitos, pero forman parte de las líneas de investigación para determinar el origen y destino de los recursos.
¿Qué antecedentes tienen los hermanos Hernández Casillas?
La investigación también reconstruye los antecedentes de los empresarios y sus relaciones con el sector público.
De acuerdo con la información presentada, los hermanos Hernández Casillas comenzaron su trayectoria en la administración pública durante la década de 1980, con antecedentes laborales relacionados con la Secretaría de Gobernación y el entonces Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
Posteriormente, sus actividades empresariales se orientaron hacia el mercado de materiales electorales, donde comenzaron a participar como proveedores a finales de la década de 1990.
Entre las primeras compañías relacionadas con esta actividad se encuentra Cartonera Plástica.
Con el paso de los años, las empresas vinculadas con los hermanos ampliaron su participación en el suministro de materiales utilizados durante elecciones, como boletas, urnas, mamparas y otros insumos necesarios para la organización de los comicios.
La investigación busca establecer cómo evolucionaron sus relaciones comerciales con los organismos electorales y qué mecanismos permitieron que sus compañías obtuvieran contratos durante distintos periodos de gobierno.
¿Quién debe investigar y sancionar las irregularidades?
Raquel Buenrostro explicó que existen limitaciones institucionales para intervenir directamente en las contrataciones de los organismos electorales, debido a que el Instituto Nacional Electoral y los OPLE cuentan con autonomía constitucional.
Por esa razón, la revisión de posibles irregularidades corresponde a las instancias fiscalizadoras y de control competentes, entre ellas los órganos internos de control, el Congreso y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), conforme a sus respectivas atribuciones.
La funcionaria indicó que su dependencia analizará mecanismos para fortalecer los controles de contratación dentro de la Administración Pública Federal y evitar que esquemas similares puedan reproducirse en otras dependencias.
Por su parte, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mantienen revisiones relacionadas con posibles irregularidades fiscales, facturación simulada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Las investigaciones deberán determinar si existen elementos suficientes para iniciar o continuar procedimientos administrativos y penales contra las personas y empresas involucradas.
Investigaciones continúan por contratos de material electoral
El caso ha colocado bajo revisión los mecanismos de contratación de materiales electorales en México, particularmente por la cantidad de recursos públicos involucrados y la presencia de empresas relacionadas entre sí en distintos organismos estatales.
Los resultados presentados por Buenrostro se suman a las investigaciones del Órgano Interno de Control del INE y de otras autoridades fiscalizadoras, que buscan esclarecer posibles prácticas de colusión, conflictos de interés y concentración de contratos.
Por ahora, el reto de las autoridades será establecer si las irregularidades señaladas constituyen faltas administrativas o delitos, identificar a los responsables y determinar si existieron afectaciones al erario.
La investigación también abre interrogantes sobre los mecanismos de supervisión de las compras electorales y la necesidad de fortalecer la transparencia y competencia en la contratación de los servicios indispensables para organizar las elecciones.
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