El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR) para solicitar que se investiguen posibles conductas constitutivas de delito relacionadas con el ejercicio de recursos públicos y, en caso de encontrar elementos suficientes, se determinen las responsabilidades legales correspondientes.
A través de un comunicado oficial, el organismo electoral informó que la denuncia tiene como propósito que la autoridad ministerial realice las investigaciones necesarias dentro del ámbito de sus atribuciones y establezca si existen elementos que permitan acreditar alguna conducta ilícita.
El Instituto precisó que la presentación de este recurso responde a su responsabilidad institucional de vigilar la legalidad y garantizar que los recursos públicos destinados al cumplimiento de sus funciones constitucionales sean administrados correctamente.
INE pide investigar posibles irregularidades con recursos públicos
De acuerdo con el posicionamiento del organismo, la denuncia busca que la FGR lleve a cabo las indagatorias correspondientes sin distinción de personas, cargos, responsabilidades o periodos de gestión.
Esto significa que las investigaciones deberán desarrollarse conforme a los procedimientos legales y sin que la posición jerárquica o las funciones desempeñadas por las personas eventualmente involucradas representen un impedimento para esclarecer los hechos.
Sin embargo, el INE no precisó públicamente en su comunicado la identidad de las personas que pudieran estar relacionadas con los hechos denunciados, el monto de los recursos involucrados ni las circunstancias específicas que motivaron la presentación de la denuncia.
Por ello, corresponderá a la Fiscalía determinar el alcance de las investigaciones, identificar posibles responsables y establecer si existen elementos para proceder legalmente.
Organismo electoral reitera política de cero tolerancia
En su posicionamiento, el Instituto Nacional Electoral reiteró que mantiene una política de cero tolerancia frente a cualquier conducta que pudiera comprometer la integridad de los recursos públicos destinados a sus actividades.
El organismo sostuvo que la protección del patrimonio institucional constituye una obligación que debe mantenerse independientemente de quiénes ocupen los cargos directivos o de los periodos administrativos en los que pudieran haberse presentado las situaciones denunciadas.
Asimismo, destacó que la transparencia y la correcta administración del presupuesto son elementos fundamentales para preservar la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de organizar y vigilar los procesos electorales.
FGR deberá determinar si existen responsabilidades
Con la presentación de la denuncia, el caso queda en el ámbito de competencia de la Fiscalía General de la República, instancia que deberá analizar los elementos proporcionados por el INE y determinar si existen indicios suficientes para iniciar o continuar las investigaciones correspondientes.
En caso de acreditarse alguna conducta delictiva, será la autoridad ministerial la encargada de proceder conforme a las disposiciones legales aplicables.
Por su parte, el Instituto reiteró su compromiso con la rendición de cuentas, el respeto al marco jurídico y la vigilancia del uso adecuado de los recursos públicos.
Hasta el momento, el comunicado no detalla nombres de posibles involucrados ni establece que exista una responsabilidad penal comprobada, por lo que será necesario esperar los resultados de las indagatorias federales.
