Ciudad de México.– Nuevas grabaciones difundidas por el medio de comunicación Latinus colocaron bajo escrutinio otro contrato del Instituto Nacional Electoral (INE), luego de exhibir una conversación entre el contratista José Alfredo Hernández Casillas y Guadalupe Taddei, en la que se mencionan presuntos pagos mensuales y porcentajes relacionados con la operación de los comedores del organismo electoral.
El material fue presentado por el periodista Carlos Loret de Mola y forma parte de una serie de reportajes sobre posibles irregularidades en contrataciones del instituto durante la gestión de Taddei, quien encabezó la presidencia del INE.
De acuerdo con lo expuesto en las grabaciones, Hernández Casillas señala que la empresa La Cosmopolitana entregaría alrededor de un millón y medio de pesos mensuales para mantener el servicio de comedores del organismo.
Durante la conversación, el contratista también hace referencia a un porcentaje adicional del contrato. En uno de los fragmentos difundidos se le escucha afirmar: “Y da el 15%”.
Los señalamientos abren cuestionamientos sobre el manejo de los contratos de servicios de alimentación y los posibles beneficios económicos que habrían recibido personas vinculadas con la contratación.
Contrato de 112 millones de pesos, bajo señalamientos
Según la investigación periodística de Latinus, los porcentajes mencionados en la conversación estarían relacionados con el contrato que Productos Serel firmó con el INE en abril de 2025 para proporcionar el servicio de alimentación en nueve comedores ubicados en la Ciudad de México y Pachuca.
La adjudicación contempló un monto máximo de aproximadamente 112 millones de pesos. De acuerdo con los cálculos presentados en el reportaje, el 15 por ciento equivaldría a cerca de 17 millones de pesos.
En otro momento de la conversación, Hernández Casillas también plantea que La Cosmopolitana habría entregado otro 15 por ciento a una tercera persona, además de proponer una renegociación del siguiente contrato relacionado con el suministro de alimentos.
No obstante, los montos y las supuestas entregas de dinero corresponden a señalamientos expresados por el contratista en las grabaciones y difundidos por Latinus. Su realización efectiva y el destino de los recursos deberán ser esclarecidos mediante investigaciones oficiales.
Productos Serel y La Cosmopolitana pertenecen al mismo grupo empresarial
Otro elemento que destaca en el reportaje es la relación comercial entre las compañías mencionadas en la conversación.
Productos Serel y La Cosmopolitana son empresas vinculadas al Grupo Cosmos, propiedad del empresario Jack Landsmanas, dedicado al sector de servicios alimentarios.
Según la información presentada por Latinus, el grupo empresarial ha obtenido contratos por miles de millones de pesos con distintas dependencias gubernamentales.
La relación entre ambas compañías cobra relevancia debido a que Productos Serel aparece como la empresa que obtuvo el contrato del INE para operar los comedores, mientras que La Cosmopolitana es mencionada directamente por Hernández Casillas al hablar de los presuntos pagos mensuales y porcentajes.
Las grabaciones amplían los cuestionamientos sobre los contratos del INE
La difusión de estos videos se suma a otros materiales periodísticos que han puesto bajo la lupa las relaciones entre Guadalupe Taddei, el contratista José Alfredo Hernández Casillas y empresas proveedoras del organismo electoral.
El nuevo contenido incorpora el servicio de comedores a los señalamientos sobre posibles irregularidades en la asignación y operación de contratos públicos.
La información difundida también plantea interrogantes sobre la participación de intermediarios, los mecanismos de adjudicación y la posible existencia de pagos indebidos para garantizar la continuidad de determinados servicios.
Hasta ahora, los fragmentos de video divulgados por Latinus constituyen material periodístico que contiene acusaciones y referencias a posibles operaciones económicas, pero no representan por sí mismos una resolución judicial ni acreditan responsabilidades penales.
Será responsabilidad de las autoridades competentes determinar si existieron irregularidades, identificar a las personas que pudieran estar involucradas y establecer, en su caso, las responsabilidades correspondientes.
El caso vuelve a colocar en el centro del debate la transparencia en el uso de recursos públicos y la vigilancia de los contratos que realiza el Instituto Nacional Electoral.
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