Habitantes y padres de familia de la Colonia Campesina, en el municipio de Delicias, solicitaron la intervención de la gobernadora María Eugenia Campos Galván ante un conflicto relacionado con el Telebachillerato Estatal “Heriberto Frías Alcocer”, identificado con la clave 86119/08ETH0013Y.
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La petición fue presentada mediante un documento formal ante la Oficina de la Gubernatura y cuenta con el respaldo de 176 firmas de vecinos y padres de familia, quienes aseguran que existe un intento de imponer cambios en la dirección del plantel y atribuyen estas acciones a integrantes del Movimiento Antorchista Nacional.
Los inconformes sostienen que cualquier designación debe realizarse conforme a la normativa educativa vigente y advierten que el conflicto podría afectar la estabilidad de una institución que, aseguran, ha sido construida durante más de dos décadas mediante el esfuerzo de la propia comunidad.
Comunidad reclama 23 años de trabajo
De acuerdo con el documento presentado por los habitantes, el Telebachillerato ha funcionado durante 23 años, periodo en el que habría logrado formar a 20 generaciones de estudiantes.
Los denunciantes aseguran que la infraestructura y el equipamiento del plantel se han conseguido mediante aportaciones de habitantes de la Colonia Campesina, padres de familia, estudiantes y asesores académicos, además de apoyos provenientes de los tres niveles de gobierno, organismos como FECHAC y Fondo Unido, así como empresas de la región.
La comunidad sostiene que el Movimiento Antorchista no tuvo participación en la fundación ni en el desarrollo histórico del centro educativo y, por ello, rechaza cualquier intento de atribuirle un papel determinante en el futuro de la institución.
El conflicto, según la denuncia, comenzó después de la jubilación de la anterior directora en enero de 2026, quien había permanecido 22 años en el cargo. Posteriormente fue designado un director interino entre los docentes del plantel y se contrató a un asesor académico interino.
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Señalan presuntas irregularidades y piden respetar la normativa
Los denunciantes cuestionan la contratación del asesor académico interino, a quien identifican como Juan Santiago Tolentino, y aseguran que su incorporación no habría seguido los lineamientos correspondientes del Subsistema de Preparatoria Abierta y Telebachillerato (SPAyT).
El documento también contiene señalamientos sobre diversas actividades realizadas durante el interinato, entre ellas el traslado de jóvenes a Chihuahua capital para supuestos eventos deportivos. Los inconformes afirman que algunos de estos viajes se realizaron sin cumplir con la normativa correspondiente y que madres de familia habrían recibido información que consideran engañosa.
Asimismo, señalan que, después de que la Coordinación Regional notificara presuntas faltas, el involucrado habría argumentado ser víctima de “acoso laboral”.
Otro de los señalamientos se relaciona con la presunta obtención de firmas de habitantes de la comunidad durante junio y julio. Según la denuncia, dos alumnas menores de edad habrían sido utilizadas para recabar apoyos bajo el argumento de que el director interino, José Luis López López, pretendía despedir al asesor.
Los denunciantes consideran que, de comprobarse estas acusaciones, el uso de firmas obtenidas mediante engaños para presentarlas como respaldo comunitario ante autoridades estatales constituiría una irregularidad que debe ser investigada.
También cuestionan la falta de convocatorias oficiales del Comité de Cambios, Ingreso y Promoción del SPAyT para el ciclo 2026-2027 y expresan preocupación por la posibilidad de que se recurra a acuerdos fuera de los procedimientos establecidos para definir la dirección del plantel.
Ante este escenario, los 176 firmantes solicitaron que se detenga cualquier intento de imposición y que el nombramiento del próximo director se realice estrictamente conforme a las disposiciones vigentes.
La comunidad manifestó además su respaldo al profesor José Luis López López, a quien identifica como cofundador del plantel y docente con 23 años de servicio ininterrumpido, al considerar que cuenta con la experiencia y trayectoria necesarias para asumir la dirección.
Los señalamientos forman parte de la postura expresada por vecinos y padres de familia en el documento entregado a las autoridades estatales. Corresponderá a las instancias educativas y administrativas competentes revisar las acusaciones, verificar la documentación y determinar, conforme a la normativa, las responsabilidades que pudieran derivarse de las situaciones denunciadas.
