Un grupo representativo de docentes del nivel preescolar de la región centro-sur de Chihuahua se reunió en las instalaciones de la Escuela Secundaria Técnica 43 para denunciar presuntos actos de hostigamiento laboral, intimidación y abuso de poder que, aseguran, se han prolongado durante años y han afectado su desempeño profesional y bienestar personal.
Durante el encuentro, las maestras señalaron a la supervisora escolar Leticia Domínguez Zubia como presunta responsable de diversas conductas que consideran irregulares. Las inconformes sostuvieron que la problemática involucra a más de un centenar de docentes y que los conflictos se han extendido por periodos de entre 10 y 15 años, sin que, según su versión, se haya alcanzado una solución definitiva.
Las participantes expusieron que han recurrido a distintas instancias administrativas para presentar sus inconformidades y solicitar la intervención de las autoridades educativas. Sin embargo, afirmaron que la falta de avances y las dificultades para dar seguimiento a sus expedientes han prolongado el conflicto.
Señalan presuntas irregularidades en procedimientos administrativos
Entre los principales señalamientos expuestos durante la reunión, las docentes mencionaron presuntas faltas de imparcialidad en los procedimientos administrativos, así como cambios recurrentes en las sedes y los horarios establecidos para las comparecencias.
De acuerdo con las manifestantes, estas modificaciones han complicado su participación en los procesos y generado incertidumbre entre quienes buscan que sus denuncias sean revisadas. Las maestras consideran que las circunstancias descritas han contribuido a un ambiente de presión y desgaste para el personal involucrado.
Asimismo, las inconformes cuestionaron la situación laboral de la supervisora señalada y afirmaron que durante los últimos dos años habría percibido su salario íntegro sin desempeñar adecuadamente sus funciones. Este señalamiento forma parte de las denuncias presentadas por las docentes y requiere ser contrastado con la información y las aclaraciones de las autoridades correspondientes.
Hasta contar con una respuesta oficial y documentación que permita corroborar estos hechos, los señalamientos deben entenderse como acusaciones formuladas por las manifestantes, no como responsabilidades legalmente determinadas.
Denuncian pérdida de documentos y retrasos en sus casos
Otro de los puntos que generó inconformidad fue la presunta pérdida de expedientes y escritos entregados previamente ante distintas instancias.
Las docentes aseguraron que estas situaciones han obstaculizado el seguimiento de sus planteamientos y retrasado la posibilidad de obtener una resolución. También manifestaron que volver a exponer sus experiencias y reunir documentación representa una carga adicional para quienes llevan años buscando atención institucional.
Las maestras señalaron que la falta de respuestas oportunas ha incrementado su preocupación respecto a la protección de sus derechos laborales y a las condiciones en las que desarrollan sus actividades dentro del sistema educativo.
En ese contexto, insistieron en que la revisión de los expedientes debe realizarse con criterios de imparcialidad, transparencia y respeto a las garantías de todas las partes involucradas.
Exigen intervención de autoridades educativas
Ante la persistencia del conflicto, las docentes hicieron un llamado a las autoridades educativas competentes para que revisen los antecedentes de cada caso, agilicen los procedimientos pendientes y determinen, conforme a la normativa aplicable, si existieron irregularidades y las medidas que correspondan.
Entre sus principales demandas se encuentran una investigación objetiva de los hechos denunciados, el seguimiento puntual de los documentos presentados y garantías para que las profesoras puedan participar en los procedimientos sin temor a posibles represalias.
Las manifestantes consideraron necesario que las instancias responsables ofrezcan respuestas claras y verificables, especialmente ante la cantidad de docentes que, según indicaron, se han visto involucradas en la problemática a lo largo de los años.
Docentes piden una solución apegada a derecho
Pese a las inconformidades expresadas, las maestras reiteraron su disposición a mantener el diálogo con las autoridades y buscar una salida institucional al conflicto.
No obstante, subrayaron que cualquier acuerdo debe sustentarse en la legalidad, la revisión de las pruebas y el respeto a los derechos laborales, con el propósito de evitar que las diferencias administrativas continúen afectando el ambiente de trabajo.
Las docentes insistieron en que su objetivo es obtener una resolución justa, esclarecer los señalamientos presentados y recuperar condiciones laborales que les permitan desempeñar sus responsabilidades educativas en un entorno de respeto y certidumbre.
Por el momento, la información proporcionada no incluye una postura de la supervisora señalada ni una respuesta oficial de las autoridades educativas sobre las acusaciones. Su versión será relevante para conocer los distintos elementos del caso y dar seguimiento a un conflicto que, de acuerdo con las manifestantes, se ha prolongado durante más de una década.
La atención institucional que reciban las denuncias y la eventual revisión de los expedientes serán determinantes para establecer qué hechos pueden acreditarse y cuáles son las medidas procedentes conforme a derecho.
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