Ciudad Juárez.— El excomisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez, no se presentó este martes de manera presencial a una audiencia relacionada con el incendio ocurrido el 27 de marzo de 2023 en una estación migratoria de Ciudad Juárez, tragedia que dejó 40 personas fallecidas y 27 lesionadas.
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La diligencia tenía como objetivo revisar el cumplimiento de las condiciones impuestas al exfuncionario luego de que se autorizara la suspensión de la causa penal que enfrenta en relación con el caso.
Al inicio de la audiencia, el juez federal Víctor Manlio Hernández Calderón informó que Garduño Yáñez había solicitado participar mediante una conexión remota, en lugar de acudir personalmente al recinto judicial.
Juez exige presencia física del exfuncionario
Ante la naturaleza y gravedad de los hechos que se investigan, el juzgador determinó que la presencia física del excomisionado del INM era necesaria para el desarrollo de la diligencia.
Por este motivo, la solicitud para comparecer a distancia no fue aceptada y se estableció que Garduño deberá acudir presencialmente a una próxima audiencia relacionada con el cumplimiento de las condiciones que le fueron fijadas.
El juez advirtió además que, en caso de que el exfuncionario vuelva a ausentarse de una diligencia a la que esté obligado a presentarse, podría hacerse acreedor a una multa.
La audiencia forma parte del proceso de seguimiento judicial derivado del incendio ocurrido dentro de las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, uno de los hechos más graves registrados en materia migratoria en el país durante los últimos años.
El incendio dejó 40 personas fallecidas
El siniestro ocurrió la noche del 27 de marzo de 2023, cuando un incendio se desató dentro del área donde se encontraban personas migrantes retenidas en la estación migratoria.
El hecho provocó la muerte de 40 migrantes, mientras que otras 27 personas resultaron lesionadas, generando una amplia investigación por parte de autoridades federales y un fuerte cuestionamiento sobre las condiciones de seguridad y operación de las instalaciones.
El caso derivó en procesos judiciales y responsabilidades administrativas contra distintos funcionarios y personas relacionadas con la operación de la estación.
La situación jurídica de Garduño ha sido seguida de cerca debido al cargo que ocupaba al momento de la tragedia y a las decisiones adoptadas posteriormente dentro del proceso penal.
Con la determinación tomada este martes, el excomisionado deberá atender las disposiciones establecidas por el juez para la próxima diligencia, mientras el órgano jurisdiccional continúa supervisando el cumplimiento de las condiciones impuestas dentro de la causa penal.
