El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, obtuvo una suspensión definitiva dentro del juicio de amparo que promovió contra su vinculación a proceso por los presuntos delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible, conocido como huachicol fiscal.
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La resolución fue concedida por Azucena Lazalde Íñiguez, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, con sede en Toluca, dentro del expediente 1085/2026, de acuerdo con registros judiciales y reportes publicados el 31 de octubre.
La medida representa un nuevo avance legal para el exmandatario panista, ya que mantiene detenida la progresión de la causa penal hacia la etapa de juicio oral, mientras se analiza el fondo del recurso de amparo presentado por su defensa.
De acuerdo con la información difundida sobre la resolución, el procedimiento permanece en su etapa intermedia y no podrá dictarse el auto de apertura a juicio oral hasta que se resuelva el juicio constitucional.
La suspensión no significa que Ernesto Ruffo haya sido exonerado
El recurso promovido por la defensa de Ruffo Appel busca combatir el auto de vinculación a proceso dictado en julio pasado por la jueza de control Alejandra Ramírez de la Vega, del Centro de Justicia Penal Federal en el Altiplano.
Es importante precisar que la suspensión definitiva no significa que el exgobernador haya sido declarado inocente, tampoco cancela automáticamente la vinculación a proceso ni representa una resolución sobre su responsabilidad penal.
La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene los señalamientos en su contra y el procedimiento continuará conforme a las disposiciones judiciales, aunque con la limitación de avanzar hacia la apertura del juicio oral mientras se resuelve el amparo.
Por lo tanto, el fondo de las acusaciones todavía deberá ser analizado por las autoridades competentes.
FGR acusa a Ruffo de presunta participación en contrabando de combustible
Ernesto Ruffo Appel, de 74 años, fue detenido el 16 de julio de 2026 en Ensenada, Baja California, como parte de una investigación federal relacionada con el presunto contrabando de gasolina y diésel mediante el uso de ferrotanques.
La FGR lo señala como socio fundador y secretario del Consejo de Administración de la empresa Ingemar, a la que atribuye operaciones de importación ilegal de hidrocarburos que habrían ocasionado un daño al erario público estimado en aproximadamente 4 mil millones de pesos.
Las investigaciones buscan esclarecer la presunta participación de la empresa y de sus integrantes en un esquema de ingreso irregular de combustibles al país, así como las posibles responsabilidades relacionadas con estas operaciones.
Hasta ahora, los señalamientos forman parte de la acusación de la Fiscalía y no constituyen una sentencia condenatoria contra el exgobernador.
Permanece bajo prisión preventiva domiciliaria en Ensenada
Después de su detención, Ruffo Appel permaneció aproximadamente dos meses y medio en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como El Altiplano, en el Estado de México.
Posteriormente, el 26 de septiembre fue trasladado a Ensenada, Baja California, luego de que un juez autorizara que continuara cumpliendo la medida cautelar de prisión preventiva bajo la modalidad de resguardo domiciliario.
La decisión tomó en consideración su edad y las condiciones de salud señaladas durante el procedimiento judicial. Actualmente permanece en su domicilio bajo vigilancia de elementos de la Guardia Nacional.
El proceso judicial todavía no concluye
Con la nueva suspensión definitiva, el caso de Ernesto Ruffo Appel suma otro capítulo en los tribunales federales, mientras su defensa busca revertir la vinculación a proceso y la FGR sostiene las acusaciones relacionadas con el presunto contrabando de hidrocarburos.
La resolución judicial no representa el cierre del expediente ni una absolución, sino una medida que limita temporalmente el avance de la causa penal hacia el juicio oral.
Será cuando se resuelva el fondo del amparo cuando se determine si la vinculación a proceso se mantiene o si existen elementos jurídicos para modificarla.
Mientras tanto, el exgobernador continuará bajo prisión preventiva domiciliaria en Ensenada y el procedimiento penal seguirá sujeto a las determinaciones de las autoridades judiciales.
