Chihuahua, Chih.— El exfiscal general del Estado, César Gustavo Jáuregui, fue vinculado a proceso por el delito de ejercicio ilegal del servicio público, mientras que un juez determinó no vincularlo por la imputación de coalición, dentro de la causa penal 3055/2026.
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La resolución fue emitida por el juez Alberto Simental, luego de reanudarse la audiencia en la que se analizaron los argumentos presentados por el Ministerio Público y la defensa del exfuncionario.
Tras un receso para deliberar, el juzgador determinó que existen datos suficientes para que continúe el procedimiento penal estatal por el primero de los delitos señalados, aunque descartó que los hechos expuestos encuadren, en esta etapa, en los elementos jurídicos del delito de coalición.
La decisión representa un avance en el proceso judicial contra Jáuregui, pero no constituye una sentencia condenatoria ni determina de manera definitiva su responsabilidad penal.
Fiscalía señala presuntas irregularidades durante su gestión
De acuerdo con los argumentos considerados durante la audiencia, la imputación por ejercicio ilegal del servicio público se sustenta en presuntas conductas relacionadas con el manejo de información obtenida por Jáuregui durante su desempeño como fiscal general del Estado.
Entre los señalamientos expuestos se encuentra la supuesta ocultación de información relevante y la presunta emisión de declaraciones contradictorias respecto a la presencia de personas de nacionalidad extranjera en Chihuahua sin la autorización correspondiente.
La Fiscalía atribuye al exfuncionario conductas que, según su planteamiento, podrían actualizar el delito previsto en el artículo 253, fracciones II y IV, del Código Penal del Estado.
La imputación fue formulada bajo las modalidades de participación señaladas por el Ministerio Público en la causa penal. Sin embargo, durante la resolución, el juez también hizo referencia a la ausencia de un señalamiento directo contra Jáuregui, un aspecto que forma parte de la valoración judicial de los datos presentados.
La vinculación a proceso implica que el juez consideró satisfechos los requisitos legales para continuar la investigación por este delito, sin que ello signifique que los hechos imputados hayan quedado probados de manera definitiva.
Juez descarta la imputación por coalición
En la misma audiencia, Alberto Simental resolvió no vincular a proceso al exfiscal por el delito de coalición, contemplado en el artículo 260 del Código Penal del Estado.
Según la determinación judicial, los actos atribuidos al exfuncionario no corresponden a los elementos que integran esa figura penal, por lo que no se justificó continuar el procedimiento bajo esa clasificación jurídica.
Esta decisión significa que, en esta etapa procesal, Jáuregui no enfrentará la continuación del proceso estatal por esa imputación, a diferencia del delito de ejercicio ilegal del servicio público.
Ambas determinaciones corresponden a valoraciones jurídicas distintas sobre los hechos planteados por el Ministerio Público y los argumentos presentados por la defensa.
Conceden dos meses para la investigación complementaria
El juez estableció un plazo de dos meses para el desarrollo de la investigación complementaria, conforme a lo solicitado por el Ministerio Público y con fundamento en el artículo 321 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Durante este periodo, las partes podrán realizar las diligencias que consideren pertinentes para fortalecer sus respectivas posiciones y aportar elementos relacionados con los hechos investigados.
La etapa complementaria permitirá profundizar en los datos que sustentan la imputación y en los argumentos de la defensa antes de que el procedimiento avance hacia las siguientes fases previstas por la legislación penal.
Asimismo, el juzgador determinó que se mantengan las medidas cautelares impuestas previamente al exfiscal, sin modificaciones a las condiciones vigentes.
Jáuregui sigue la audiencia desde el penal del Altiplano
El exfiscal participó en la audiencia de manera remota debido a que permanece recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como el penal del Altiplano, ubicado en el Estado de México.
En ese centro penitenciario enfrenta un procedimiento del ámbito federal en el que la Fiscalía General de la República lo acusa de traición a la patria, asunto distinto del proceso estatal que se resolvió en esta audiencia.
La situación jurídica de Jáuregui comprende, por tanto, procedimientos separados, sujetos a sus respectivas competencias y determinaciones judiciales.
Con la resolución emitida por el juez Alberto Simental, el exfiscal continuará sujeto al proceso penal estatal por ejercicio ilegal del servicio público, mientras que la imputación por coalición quedó descartada en esta etapa.
El desarrollo de la investigación complementaria será determinante para conocer los siguientes pasos del caso, en el que la responsabilidad penal deberá establecerse mediante las resoluciones judiciales correspondientes.
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