A más de un año de la tragedia ocurrida en el festival de la Ciudad de México, un juez rechazó los argumentos de prescripción presentados por las defensas y concedió tres meses para la investigación complementaria.
El caso por la muerte de los fotoperiodistas Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas registró un avance judicial la madrugada de este martes 20 de octubre de 2026, luego de que un juez de control determinara vincular a proceso a siete personas y tres empresas por su presunta responsabilidad en los hechos ocurridos durante el festival Axe Ceremonia, en abril de 2025.
La resolución se produjo después de una audiencia que se prolongó por más de 12 horas, en la que las defensas buscaron frenar el procedimiento penal, entre otros argumentos, al sostener que el delito de homicidio culposo habría prescrito.
Sin embargo, el juzgador rechazó esa petición y determinó que tanto las personas señaladas como las compañías involucradas deberán continuar sujetos al proceso, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer las circunstancias de la tragedia.
Una estructura metálica provocó la muerte de los fotoperiodistas
Los hechos ocurrieron en abril de 2025, cuando Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas se encontraban en el Parque Bicentenario de la Ciudad de México para cubrir las actividades del festival musical Axe Ceremonia.
Durante la jornada, una estructura metálica cayó sobre ambos jóvenes, quienes perdieron la vida a consecuencia del incidente.
La tragedia generó cuestionamientos sobre las condiciones de seguridad del evento, la instalación de estructuras y las responsabilidades de quienes participaron en la organización y operación del festival.
Desde entonces, familiares de las víctimas y representantes legales han impulsado acciones para que se esclarezcan los hechos y se determinen las posibles responsabilidades penales.
Juez rechaza argumento de prescripción presentado por las empresas
Uno de los principales puntos de discusión durante la audiencia fue el argumento de las defensas de que el delito de homicidio culposo había prescrito desde el pasado 5 de octubre de 2026.
De acuerdo con la información difundida sobre la diligencia, las empresas relacionadas con Grupo Eco sostuvieron que el tiempo transcurrido impedía continuar con el procedimiento penal.
No obstante, el juez de control rechazó esa solicitud y resolvió que el proceso debía seguir adelante.
Entre las compañías señaladas se encuentran Grupo Eco, su filial Obra Negra y Operadora Eclectic, identificada como la antigua administradora del Parque Bicentenario.
La vinculación a proceso representa un avance en el procedimiento judicial, aunque no equivale a una declaración de culpabilidad. Las personas y empresas imputadas mantienen el derecho a defenderse y a recurrir la resolución por las vías legales correspondientes.
Conceden tres meses para la investigación complementaria
Como parte de la resolución, el juez estableció medidas cautelares y concedió un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.
Durante ese periodo, el Ministerio Público y las defensas podrán aportar nuevos elementos de prueba, ampliar las investigaciones y realizar las diligencias necesarias para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente.
Esta etapa será relevante para precisar las posibles responsabilidades de las personas involucradas y determinar si existen elementos suficientes para avanzar hacia las siguientes fases del procedimiento penal.
La resolución no significa que el caso haya concluido, pues todavía deberán desarrollarse las etapas procesales correspondientes.
Familiares cuestionan el supuesto cobro de seguros
Otro de los temas que generó inconformidad entre los familiares fue la información expuesta durante la audiencia sobre un supuesto pago de seguros relacionado con la muerte de los dos fotoperiodistas.
Tábata Jimena Salas, asesora jurídica de la familia de Miguel Ángel Rojas, señaló que, de acuerdo con lo expuesto durante la diligencia, las empresas organizadoras aparentemente ya habrían recibido recursos de una póliza vinculada con el fallecimiento de los jóvenes.
La representante legal cuestionó que, mientras existiría ese antecedente relacionado con el seguro, las compañías intentaran evitar que continuara el proceso penal mediante el argumento de la prescripción.
No obstante, los alcances de la póliza, los beneficiarios y las condiciones del supuesto pago deberán precisarse con información documental para establecer sus implicaciones dentro del caso.
La resolución no representa una sentencia definitiva
Aunque la vinculación a proceso constituye un avance para las familias que buscan esclarecer la muerte de los fotoperiodistas, todavía no existe una sentencia que determine la culpabilidad de las personas y empresas señaladas.
Las defensas pueden impugnar la resolución ante una instancia superior, mientras que las autoridades ministeriales deberán continuar con la investigación dentro del plazo establecido por el juez.
El caso Axe Ceremonia permanece así en una etapa clave, en la que las pruebas y las actuaciones judiciales deberán permitir establecer qué ocurrió durante el festival y si existieron omisiones o responsabilidades penales relacionadas con la caída de la estructura.
A más de un año de la tragedia, el procedimiento continúa bajo la exigencia de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades conforme a derecho.
