Durante casi una década, agencias federales de Estados Unidos construyeron silenciosamente una de las investigaciones más amplias contra el Cártel de Sinaloa.
Lo que comenzó como un seguimiento a células de tráfico de droga en Los Ángeles terminó por escalar hasta el corazón político de Sinaloa, colocando bajo acusación a funcionarios de alto nivel, entre ellos el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya.
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Las recientes entregas voluntarias de Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, y de Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas, representan apenas la fase más visible de un expediente judicial que se fue consolidando mediante infiltraciones, acuerdos de cooperación, vigilancia financiera y testimonios de operadores del narcotráfico.
El caso, identificado como S9 23 Cr. 180 en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, reúne actualmente a 38 acusados. Entre ellos aparecen integrantes de Los Chapitos, operadores logísticos, lavadores de dinero, proveedores de precursores químicos y una decena de funcionarios sinaloenses presuntamente vinculados a la estructura criminal.
El origen: redes de distribución en California
La investigación tiene antecedentes en operativos desarrollados desde 2015 en California. Uno de los primeros golpes relevantes ocurrió en 2018 con la llamada Operación Narconetas, encabezada por el FBI y la DEA, que permitió desmantelar células ligadas al Cártel de Sinaloa en el área metropolitana de Los Ángeles.
Las autoridades estadounidenses documentaron entonces rutas de tráfico que conectaban a México con distintos estados del país mediante cargamentos ocultos en vehículos, avionetas y compartimentos clandestinos. Los decomisos incluyeron toneladas de cocaína, metanfetamina y heroína.
Aunque aquella operación no derivó directamente en las acusaciones actuales, sí permitió a las agencias estadounidenses mapear la red logística y financiera del grupo criminal, así como identificar operadores clave dentro y fuera de México.
La infiltración en el círculo de Los Chapitos
Paralelamente, la DEA logró infiltrar a colaboradores dentro del entorno cercano de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Entre 2017 y 2022, al menos tres informantes proporcionaron datos sensibles sobre laboratorios de fentanilo, rutas de tráfico y movimientos financieros del grupo criminal. Uno de ellos, Miguel Alonso Payán, exintegrante del equipo de seguridad de Ovidio Guzmán, reportó la existencia de laboratorios clandestinos en Sinaloa y detalló operaciones de traslado de pastillas de fentanilo hacia la frontera norte.
Otro colaborador, Juan Carlos Arce Cabrera, entregó fotografías y testimonios de reuniones sostenidas con miembros de Los Chapitos en ranchos resguardados por sicarios fuertemente armados.
Un tercer informante, identificado únicamente como “NN”, operó dentro de las redes de distribución en Estados Unidos y declaró haber enviado millones de dólares en ganancias derivadas del narcotráfico hacia la organización criminal.
Con ese cúmulo de evidencia —fotografías, grabaciones, comunicaciones intervenidas y testimonios— los fiscales estadounidenses consolidaron las primeras acusaciones formales contra Ovidio Guzmán López y Joaquín Guzmán López.
Capturas, extradiciones y cooperación
La ofensiva judicial se fortaleció a partir de 2023 con una cadena de capturas y acuerdos de cooperación.
La detención y posterior extradición de Ovidio Guzmán marcó un punto de inflexión. Su declaración de culpabilidad en 2025 y el acuerdo para colaborar con las autoridades estadounidenses se convirtieron en piezas centrales del caso.
Meses después, la captura de Néstor Isidro Pérez Salas, “El Nini”, considerado jefe de seguridad de Los Chapitos, añadió nuevos elementos sobre la estructura operativa del grupo.
En paralelo, las investigaciones comenzaron a profundizar en posibles vínculos institucionales. Uno de los episodios más delicados documentados por los fiscales fue el secuestro y asesinato de un presunto colaborador de la DEA en Culiacán, crimen en el que habrían participado policías municipales bajo órdenes de operadores del cártel.
Posteriormente, las declaraciones de exjefes de seguridad y operadores detenidos reforzaron las sospechas sobre presuntos pagos y redes de protección política dentro del gobierno estatal.
El salto hacia la esfera política
El 29 de abril de 2026, el caso dio un giro de alto impacto político cuando fiscales federales incorporaron al expediente a Rubén Rocha Moya y a otros nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa.
La acusación sostiene que integrantes de Los Chapitos habrían apoyado políticamente la campaña de Rocha Moya a cambio de protección institucional y control sobre áreas estratégicas del gobierno estatal.
Según los fiscales estadounidenses, el grupo criminal habría intervenido mediante intimidaciones, secuestros y presiones contra actores políticos locales durante el proceso electoral de 2021.
Las recientes entregas de Mérida Sánchez y Díaz Vega son interpretadas como el inicio de una posible cadena de cooperaciones judiciales que podría ampliar aún más el alcance del expediente.
Un caso con impacto binacional
Mientras Estados Unidos avanza en la judicialización del caso, el gobierno mexicano ha mantenido cautela. La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum ha solicitado pruebas contundentes antes de proceder contra Rocha Moya y rechazó, hasta ahora, la solicitud de detención provisional promovida por autoridades estadounidenses.
El proceso ocurre además en un contexto de creciente presión bilateral tras la designación del Cártel de Sinaloa como organización terrorista por parte del gobierno del presidente Donald Trump.
Lo que comenzó como una investigación sobre tráfico de drogas en California terminó convirtiéndose en una causa judicial que apunta hacia las estructuras políticas y de seguridad de Sinaloa. Y, de acuerdo con el propio expediente, cada nueva cooperación parece conducir a un nivel superior dentro de la red investigada.
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